La minería ilegal en el Perú no es solo un problema ambiental; es una herida abierta que sangra riquezas hacia mercados internacionales mientras destruye nuestra biodiversidad, economía y tejido social. Madre de Dios, con más de 60,000 hectáreas de bosque arrasadas, es un ejemplo de cómo esta actividad depredadora sigue avanzando sin un control efectivo. Pero el problema no es solo la falta de regulación o la debilidad estatal. La verdadera cuestión es la ausencia de voluntad política para erradicarla. ¿Dónde está la acción decidida de Dina Boluarte para enfrentar este flagelo?.
El origen de un monstruo. Desde la década de 1980, cuando el precio del oro comenzó a dispararse, el Perú se convirtió en un paraíso para la minería ilegal. El desinterés estatal y la falta de regulaciones claras en las regiones más alejadas crearon el terreno fértil para este fenómeno. Lo más alarmante es que durante el boom del oro en los 2000, lejos de regularizarse, esta actividad creció exponencialmente, consolidando mafias y redes de corrupción. En lugar de implementar una estrategia efectiva de formalización y control, el Estado ha preferido mirar hacia otro lado, permitiendo que el problema se vuelva incontrolable.
Las raíces del problema. La minería ilegal no es un problema aislado. Surge de la pobreza, la ausencia de empleo formal y un modelo económico que privilegia el extractivismo sobre el desarrollo sostenible. Pero también es el resultado de una inacción cómplice del Estado, que ha permitido que las mafias mineras se fortalezcan con la protección de sectores corruptos del poder político y económico. La falta de una estrategia integral para combatir la minería ilegal es, en el fondo, una decisión política que beneficia a ciertos grupos de poder.
Dina Boluarte y su inacción cómplice. Desde que asumió el poder, Dina Boluarte no ha demostrado una intención real de combatir este flagelo. Su gobierno ha mantenido una actitud reactiva, implementando medidas superficiales que no atacan el problema de fondo. La ausencia de un plan concreto para fortalecer la fiscalización, sancionar a los responsables y desmantelar las redes de corrupción que sostienen la minería ilegal evidencia una preocupante falta de compromiso. El Perú necesita un liderazgo firme que deje de lado los intereses particulares y enfrente de manera frontal este problema. No podemos seguir permitiendo que la minería ilegal continúe devastando nuestras regiones mientras el gobierno finge tomar medidas sin resultados concretos.
Los responsables. La minería ilegal es el resultado de una cadena de complicidades. Los mineros informales, aunque visibles, son apenas un eslabón. Detrás de ellos están los intermediarios que blanquean el oro, las empresas internacionales que cierran los ojos y un Estado que actúa solo de forma reactiva. ¿Cómo es posible que esta actividad mueva más de 1,200 millones de dólares anuales sin un control efectivo?. Porque no hay voluntad política para hacerlo.
Las devastadoras consecuencias. El costo de la minería ilegal es altísimo. Ambientalmente, destruye nuestros bosques y contamina ríos con mercurio. Socialmente, fomenta la explotación laboral, el trabajo infantil y el tráfico de personas. Económicamente, no solo evade impuestos, sino que alimenta la corrupción y la informalidad. Las comunidades cercanas a estas zonas pagan el precio más alto: enfermedades, desplazamientos y pobreza crónica.
¿Hay salida?. La solución a este problema no puede quedarse en promesas. La formalización debe ser real y accesible, con incentivos claros y tecnologías limpias para los mineros. Pero más allá de eso, se necesita voluntad política para fortalecer la presencia estatal en zonas críticas, sancionar a los responsables y, sobre todo, ofrecer alternativas económicas viables. La agricultura sostenible, el ecoturismo y la educación pueden ser pilares para reconstruir estas regiones.
Conclusión. La minería ilegal no es un fenómeno incontrolable; es una consecuencia de décadas de omisiones y complicidades. El Perú tiene el talento y los recursos para cambiar esta historia, pero para ello necesita un liderazgo firme y un compromiso real con el desarrollo sostenible. Dina Boluarte y su gobierno tienen en sus manos la posibilidad de hacer historia o de seguir siendo cómplices de la destrucción de nuestro país. No podemos seguir siendo espectadores de esta tragedia nacional. Es hora de actuar.