En el Perú, las crisis no sorprenden tanto por su origen como por la respuesta del Estado. Esta semana, el Gobierno anunció un racionamiento de gas natural por 14 días tras una fuga en Camisea. Hasta ahí, contingencia. El problema es lo que vino después: teletrabajo obligatorio en el sector público en Lima y Callao, “promoción” de esa modalidad en el sector privado y clases remotas en educación. Y entonces ocurrió lo inevitable: los gremios empresariales y asociaciones educativas levantaron la voz. No por capricho, sino porque —otra vez— el Ejecutivo pareció administrar la emergencia con el atajo más fácil: paralizar para no gestionar.
La Confiep fue clara: la crisis energética no debe arrastrar a la educación y a la actividad productiva como daños colaterales “aceptables”. Recordó una verdad dolorosa: el país ya pagó un costo altísimo con cierres prolongados de escuelas en años recientes. Miles de familias siguen sin conectividad, sin dispositivos, sin condiciones mínimas para sostener la virtualidad. Y si en secundaria la brecha es severa, en inicial la virtualidad es directamente una caricatura del aprendizaje: sin vínculo presencial, sin interacción real, sin sostén emocional.
ComexPerú fue más frontal y calificó de “inaudita” una respuesta que, en la práctica, detiene el funcionamiento normal del país. Su crítica no es ideológica: es funcional. Trasladar todo a remoto no resuelve el problema de fondo —la continuidad y seguridad del suministro— y encima carga los costos de la mala previsión sobre estudiantes, familias, trabajadores y empresas. Es la lógica del “arreglen ustedes”, institucionalizada en conferencia de prensa.
Las asociaciones de colegios privados también advirtieron lo obvio: cerrar escuelas no es una medida neutra, es una decisión que amplía desigualdades. La virtualidad, en el Perú, sigue siendo un privilegio. Y lo más grave es el mensaje: que la educación puede “apagarse” cuando el Estado no tiene un plan mejor. Como si fuera un servicio secundario, una molestia logística. El país no puede normalizar que, ante cada contingencia, la primera opción sea volver a encerrar a los estudiantes y empujar a las familias a improvisar.
En lo laboral, la receta tampoco distingue realidades. No todo trabajo se puede hacer desde casa. No todo servicio público puede sostenerse en remoto sin degradarse. Medidas generales, sin focalización, terminan golpeando productividad, atención ciudadana y empleo. La pregunta es inevitable: ¿por qué el plan no empieza por asegurar continuidad operativa y termina en el “apagón social” como solución?
Los gremios no han negado la emergencia. Han cuestionado la respuesta. Y tienen razón: un Estado serio enfrenta una crisis con coordinación, previsión y medidas quirúrgicas, no con órdenes amplias que trasladan el costo al ciudadano y dejan intacta la fragilidad de la infraestructura crítica.
Reflexión final
La crisis energética puede durar 14 días. El daño de repetir la improvisación dura años. Si el Gobierno aprende que cada fuga se tapa con virtualidad y teletrabajo masivo, entonces el país no solo raciona gas: raciona responsabilidad. Y cuando la gestión se vuelve reflejo, los gremios no “critican”: simplemente describen lo que todos ven.