La convocatoria a un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo no es una “medida de presión” más: es el síntoma de un país que se quedó sin frenos. Cuando el transporte —la sangre que mueve alimentos, medicinas, trabajo y comercio— anuncia que se detendrá, lo que está diciendo, en realidad, es que el Estado también se detuvo hace rato. Y que la ciudadanía lleva años pagando el costo de esa parálisis oficial.
Los gremios de transportistas han puesto sobre la mesa un diagnóstico que el Perú conoce de memoria: inseguridad creciente en carreteras, crisis energética, alza sostenida de combustibles, infraestructura vial deteriorada y normas que, lejos de ordenar el sector, lo asfixian con trámites e ineficiencia. En su pronunciamiento, señalan que el sector “ha llegado a su límite”, y esa frase no es un recurso dramático: es la descripción de una actividad que opera con miedo, pérdidas y abandono.
La inseguridad no es una estadística fría: es una amenaza diaria que se ha normalizado. Extorsiones, asaltos, asesinatos, cobros ilegales, rutas tomadas por mafias. Y frente a eso, la respuesta oficial suele ser el mismo libreto: declarar estados de emergencia como quien cambia un cartel en la puerta, sin tocar lo que ocurre adentro. Emergencias que se anuncian con solemnidad, pero que en la práctica terminan siendo un parche: más presencia temporal, menos resultados sostenibles. El “estado de emergencia” ha dejado de ser excepcional para convertirse en rutina. Y cuando lo excepcional se vuelve costumbre, lo que fracasa no es el ciudadano: fracasa el gobierno.
A esa inseguridad se suma el frente económico: combustibles caros, escasez de algunos tipos de gasolina, y una crisis energética agravada por eventos como la ruptura del ducto de gas en Megantoni, que —según los gremios— afectó a transportistas y paralizó actividades productivas. En un país que depende del movimiento para sobrevivir, la energía no puede tratarse como un asunto secundario. Pero se ha tratado así: tarde, mal y con improvisación.
Las demandas del sector —alivio temporal de la carga tributaria a combustibles, reactivación de fondos de compensación, aplicación de la Ley N.° 31886, revisión de peajes y mesas de trabajo con actas y fechas— muestran un reclamo central: que el Estado deje de hablar y empiece a cumplir. Porque el problema no es la falta de mesas, sino la abundancia de promesas sin consecuencia.
La verdad incómoda es esta: el paro no nace solo del precio del diésel o de una norma mal diseñada. Nace de la desconfianza. De un historial de desgobierno e indiferencia que se arrastra como herencia tóxica: Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar han administrado crisis encadenadas sin cortar el nudo. Cada gobierno llega a “apagar incendios”, pero ninguno instala un sistema que impida que el país siga ardiendo.
Reflexión final
Si el 12 de marzo el Perú se paraliza, no será porque los transportistas quieran “boicotear” al país. Será porque el Estado boicoteó, durante años, la seguridad, la energía y la infraestructura que sostienen la vida diaria. Y cuando un país se acostumbra a vivir en emergencia, el verdadero paro no es el de los gremios: es el de la institucionalidad. (Foto: Exitosa).