En el Perú, la campaña electoral suele vender “renovación” como si fuera detergente: mucho brillo en el envase, poca limpieza real. Pero esta vez el sticker se despega rápido. Un reportaje de Perú21 pone el dedo en una llaga que el ciudadano ya intuía: varios postulantes llegan a las urnas con el currículum manchado por informes de la Contraloría, es decir, con observaciones por actos irregulares —algunos con aristas que podrían ser penales— todavía sin cerrar. Y así pretenden “gobernar”.
La escena es conocida: políticos que ya pasaron por el Estado regresan a pedir tu voto como si el pasado fuera un malentendido administrativo. Ahí está Alfonso López-Chau (Ahora Nación), señalado por un informe que cuestiona desembolsos en la UNI por “movilidad” para personal CAS, pagos retroactivos y transferencias tratadas como si fueran salario, pese a objeciones internas. Casi un millón de soles. No es un detalle: es una forma de entender el dinero público como plastilina.
En la lista también aparece Vladimir Cerrón (Perú Libre), con reportes vinculados a su gestión regional en Junín, incluyendo pagos irregulares a policías que actuaban como escolta, sustentados en normas que no correspondían. La propia Contraloría habla de presunta responsabilidad penal. Y aun así, ahí está: candidato, campaña, discurso. El Perú como si nada.
Y no son casos aislados. En Fuerza Popular, se menciona a Diethell Columbus, por un perjuicio económico en Jesús María tras una ordenanza que redujo multas por construir sin licencia. En Renovación Popular, figuran nombres como Jessica Urquiza, Leoncio Merino y César Jordán, vinculados a observaciones por gestiones municipales o en servicios públicos, con señalamientos que van desde funciones irregulares hasta expedientes con partidas sobrevaluadas y perjuicios al Estado. En Podemos Perú, aparecen José Arriola Tueros y Lupe Solano en reportes de control por labores anteriores.
¿La moraleja? No es que “todos sean iguales”; es peor: el sistema está diseñado para que los mismos de siempre vuelvan con otra camiseta y el mismo libreto. Después se ofenden cuando las encuestas muestran desaprobación crónica, desconfianza y hartazgo. El electorado no “se aleja de la política”: se aleja de este circo.
La Contraloría no escribe ficción. Sus informes no condenan por sí solos, pero sí alertan, documentan y señalan responsabilidades que deben investigarse y aclararse. Si un candidato no puede explicar con solvencia su pasado en la gestión pública, ¿por qué habría que entregarle el futuro?
Reflexión final
Votar informado no es solo leer propuestas: es exigir cuentas. Porque la peor estafa electoral no es la promesa incumplida; es premiar con poder a quienes todavía no responden por lo que ya hicieron. En 2026, el voto no debería ser un cheque en blanco: debería ser una auditoría ciudadana con memoria. (Foto: LR).