En el Perú, la política se ha vuelto una prueba de resistencia moral: el ciudadano aguanta, el partido insiste y la vergüenza se normaliza. Esta semana, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Fuerza Popular incluyó en sus listas al Senado y a la Cámara de Diputados a 28 postulantes con sentencias firmes, por delitos que van desde omisión de asistencia familiar hasta corrupción de funcionarios y tentativa de homicidio.
El dato no es un “tropiezo” de campaña: es un síntoma de cómo ciertos partidos entienden el poder como refugio, no como servicio.
La primera coartada será legal: “ya cumplieron”, “están rehabilitados”, “no están impedidos”. Pero la democracia no se mide solo por lo permitido; se mide por lo decente. El Congreso no es una fila de reingreso laboral: es el lugar donde se escriben las reglas de todos. Cuando un partido decide llenar la boleta de candidatos con condenas, lo que está diciendo —sin decirlo— es que el estándar ético es negociable y que la confianza pública puede reemplazarse por disciplina partidaria.
El reportaje expone además algo todavía más corrosivo: algunos candidatos no consignaron sus antecedentes judiciales en las hojas de vida presentadas al JNE. Eso ya no es “pasado”; es presente: ocultamiento, maquillaje, omisión. En un país donde a un ciudadano común le exigen papeles para todo, aquí se pretende legislar con memoria selectiva.
Entre los casos difundidos, destaca el de Américo Orozco, aspirante a diputado por Madre de Dios, sentenciado por tentativa de homicidio, quien —según lo reportado— omitió el antecedente y dijo “no recordar” la condena cuando fue consultado. No es solo una respuesta absurda: es una declaración involuntaria de cómo algunos entienden la política. Como si el Congreso fuera una lavandería: entras, te blanqueas y sales con fuero moral.
La segunda bomba del informe no es la lista: es la continuidad. Según lo revelado, 18 de los 21 congresistas de la bancada fujimorista buscarían la reelección y decenas de exparlamentarios pretenden volver, varios con investigaciones. Es decir, el fracaso no se retira: se repostula. Y cuando el Congreso se vuelve carrera, la ciudadanía se vuelve clientela.
Fuerza Popular no solo postula 28 sentenciados: postula un mensaje. Que el costo reputacional ya no importa. Que el país se acostumbrará. Que la indignación se cansará antes que la maquinaria.
Reflexión final
Esto no va de linchamiento ni de negar reinserción. Va de estándares mínimos para representar a millones. Si un partido decide convertir el Parlamento en un desfile de antecedentes, el voto informado tiene una tarea urgente: dejar de premiar listas que confunden representación con impunidad. Porque cuando el poder se vuelve refugio, la democracia deja de ser sistema… y se vuelve burla.(Foto: LR).