Apenas han pasado 27 días desde que José María Balcázar asumió la presidencia interina del Perú, el 18 de febrero de 2026, y el país ya acumula 128 homicidios. La cifra no solo impresiona por su brutalidad: también por su velocidad. Según los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el promedio actual alcanza 6,10 asesinatos diarios, el más alto registrado en los últimos gobiernos. En otras palabras, el país atraviesa un escenario donde hay más crímenes que días de gobierno. El dato no debería ser solo una estadística. Debería ser una alarma nacional.
La mayoría de estos asesinatos no responde a hechos aislados. 89 de los 128 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, y gran parte de ellos está vinculada a economías criminales que hoy dominan amplias zonas del país: extorsión, sicariato, tráfico de drogas y trata de personas. Distritos densamente poblados como San Juan de Lurigancho se han convertido en escenarios donde bandas organizadas disputan territorios, rutas de dinero ilícito y control de barrios enteros.
La captura de Jeferson Francisco David Mosquera Gaspar, alias “Chucky”, tras un asesinato en flagrancia en SJL, demuestra que la Policía puede actuar con eficacia cuando el delito ocurre frente a sus ojos. Pero también revela una verdad incómoda: detener a un sicario no desmantela el sistema criminal que lo sostiene. El problema no es solo el ejecutor; es la red que lo financia, lo protege y lo reemplaza.
El drama se agrava cuando se observa la tendencia. Durante el gobierno de José Jerí se registraron 747 homicidios, con un promedio diario de 5,70. En el régimen de Dina Boluarte, el país acumuló 5.453 asesinatos, con un promedio de 5,25 diarios. Hoy, el gobierno de Balcázar registra 6,10 homicidios por día, superando las cifras de los periodos anteriores. La violencia no se reduce: se acelera.
Sin embargo, la respuesta política parece atrapada en un libreto repetido. Estados de emergencia que se prolongan sin resultados estructurales, discursos que prometen recuperar el control y una ausencia evidente de un Plan Nacional integral contra la criminalidad organizada. Mientras tanto, las mafias siguen disputándose territorios como si el Estado fuera apenas un espectador distante.
Las cifras hablan con una claridad que los discursos oficiales evitan. 128 homicidios en menos de un mes no son un accidente estadístico. Son el síntoma de un país donde el crimen organizado avanza más rápido que la capacidad del Estado para enfrentarlo.
Reflexión final
Cuando un gobierno empieza con más muertos que días de gestión, el problema ya no es solo de seguridad: es de conducción del país. Si el Estado no logra recuperar territorios capturados por la extorsión y el sicariato, la violencia dejará de ser una crisis coyuntural para convertirse en una condición permanente. Y una democracia que se acostumbra a vivir con ese nivel de violencia empieza, lentamente, a renunciar a su propia autoridad. (Foto: LR).