En el Perú, el crimen organizado no solo avanza por su propia ferocidad. Avanza también gracias a la asombrosa capacidad del poder político para estorbar a quienes deberían combatirlo. La llamada ley de interceptación telefónica aprobada por el Congreso, lejos de fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato, la trata y el narcotráfico, ha terminado por colocarle grilletes legales a la Policía y a la Fiscalía. No es una exageración retórica. Es la conclusión a la que ha llegado el propio fiscal Jorge Chávez Cotrina: esta norma ata de pies y manos a la Policía. Y en un país sitiado por mafias, legislar así no es un error menor; es una irresponsabilidad de consecuencias letales.
La tragedia peruana tiene hoy una forma bastante nítida: un Congreso que dice combatir el crimen con una mano, mientras con la otra le reduce al Estado sus herramientas de inteligencia. La Ley 32130 limitó la interceptación de comunicaciones a 60 días, ampliables por otros 60 solo de forma excepcional. En el escritorio puede parecer una medida razonable. En la calle, donde operan redes criminales complejas, esa restricción roza el absurdo. El propio Chávez Cotrina ha señalado que para identificar cabecillas, roles, vínculos y circuitos delictivos se requieren por lo menos ocho meses de escuchas.
Es decir, mientras las bandas criminales operan con paciencia, compartimentación y disciplina, el Congreso pretende que la Policía las desmonte mirando el calendario. Como si el sicariato trabajara con cita previa. Como si los extorsionadores dejaran agenda. Como si el narcotráfico tuviera la gentileza de adaptarse al plazo parlamentario.
Pero la burla institucional no termina ahí. A la ley restrictiva se suma la precariedad escandalosa del sistema. El 80% de las investigaciones por crimen organizado está paralizado por falta de peritos. Cuando se incautan 20 o 30 celulares a delincuentes, muchas veces no hay capacidad para extraer rápidamente la información. Faltan especialistas, faltan equipos, falta software, falta descentralización. En todo el Ministerio Público apenas hay tres peritos para atender requerimientos de todo el país. Así, los informes periciales tardan entre ocho meses y un año, mientras las mafias siguen cobrando cupos, ordenando asesinatos y expandiendo su dominio territorial.
La ironía peruana ya no es fina: es brutal. Se exige a la Policía resultados inmediatos, pero se le mutila la inteligencia. Se proclama mano dura, pero se administra debilidad. Se promete seguridad, pero se legisla fragilidad. Luego, cuando los homicidios aumentan y la extorsión se vuelve rutina cotidiana, nadie en el poder quiere asumir que parte del problema está sentado en el propio Congreso.
La ley “procrimen” de interceptación telefónica no protege a la ciudadanía. Protege, en los hechos, los márgenes de maniobra del crimen organizado. Y eso debería escandalizar mucho más de lo que hoy escandaliza.
Reflexión final
Un Estado que limita a sus investigadores en plena guerra criminal no está corrigiendo excesos: está renunciando a defenderse. Y cuando el Congreso aprueba normas que atan a la Policía mientras las mafias disparan, extorsionan y mandan, la ley deja de parecer justicia y empieza a parecer complicidad por omisión. (Foto: composición de Betsy De los Santos / LR).