A dos días del voto de confianza, el gabinete de Denisse Miralles no llega al Congreso con autoridad política, sino con respiración asistida. El dato es elocuente: al menos 57 congresistas le darían la espalda, según el conteo de bancadas y votos individuales ya perfilados. No es un tropiezo menor ni un simple forcejeo parlamentario. Es la fotografía de un Ejecutivo que empezó debilitado, atrapado entre exigencias partidarias, desconfianza abierta y un Congreso que ya no disimula su intención de imponer condiciones antes de siquiera escuchar el discurso completo.
La fragilidad del gabinete no se explica solo por la aritmética legislativa, sino por la naturaleza del rechazo. Avanza País anunció que sus seis votos irán en contra, y Renovación Popular mantiene la misma línea. A ese bloque se suman los 12 votos de Podemos Perú, que han condicionado cualquier respaldo a un documento formal que garantice que Petroperú no será privatizado; además, José Luna adelantó que no dará la confianza y que buscará la censura del ministro de Energía y Minas. También el Bloque Democrático ha marcado distancia. Con ese panorama, el Gobierno no enfrenta una oposición dispersa: enfrenta un cerco político cada vez más nítido.
Fuerza Popular, por su parte, también se inclina por el no. Keiko Fujimori declaró que el voto favorable es “poco probable”, mientras crecen las dudas de su bancada respecto de la orientación política del Gobierno y de algunas designaciones ministeriales, como la del nuevo titular de Salud. Es decir, incluso después de reuniones con la premier, el Ejecutivo no consiguió convertir el diálogo en confianza. Y cuando un gabinete conversa, explica y aun así no persuade, el problema ya no es de comunicación: es de credibilidad.
El caso Petroperú resume bien esta crisis. Miralles ha negado que exista un plan de privatización y ha insistido en que nunca estuvo en agenda vender la empresa estatal. Sin embargo, la controversia no ha desaparecido, porque el decreto de urgencia y la reestructuración de la petrolera han alimentado el temor político y sindical desde hace semanas. En el Congreso, esa ambigüedad ha sido convertida en moneda de presión. Así, el voto de confianza ya no se discute en función de una hoja de ruta nacional, sino como una negociación fragmentada, donde cada bancada busca cobrar su propia factura.
La sesión está prevista para el 18 de marzo, según la fecha ya ratificada desde el Congreso. Pero incluso si Miralles sobrevive, el problema no habrá terminado. Un gabinete que obtiene confianza a cambio de concesiones puntuales no sale fortalecido: sale hipotecado. Gobernar bajo esa lógica no es conducir el país, sino administrar una sobrevivencia precaria entre ultimátums, vetos y chantajes de facto disfrazados de deliberación política.
El gabinete Miralles llega debilitado porque el Ejecutivo no ha construido una mayoría, ni un relato convincente, ni una mínima sensación de rumbo. Lo que hoy se discute no es solo un voto de confianza. Lo que está en juego es si el país seguirá teniendo gabinetes que nacen condicionados y gobiernos que negocian su continuidad como si el poder fuera apenas una mesa de reparto.
Reflexión final
Cuando un gabinete entra al hemiciclo con 57 espaldas vueltas antes de empezar, la política deja de parecer gobernabilidad y se parece demasiado a una emboscada institucional. El Perú necesita un Ejecutivo con dirección y un Congreso con responsabilidad. Lo que tiene, otra vez, es un duelo de intereses donde la estabilidad nacional parece ser siempre la primera en quedarse sin bancada.