Cuando una parte significativa del país deja de preguntarse cómo gobernará un presidente y empieza a preguntarse cuánto tiempo logrará permanecer en el cargo, la crisis ya no es solo política: es institucional, moral y democrática. Eso expresa el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos para La República, según el cual 34% de peruanos piensa que José María Balcázar será censurado antes de julio, mientras 48% cree que sí terminará su mandato y 17% no sabe o no opina. El dato no retrata una simple especulación ciudadana. Retrata un país acostumbrado a la precariedad del poder, a la fragilidad del Ejecutivo y a la idea de que en el Perú la presidencia puede convertirse en una silla de paso.
La percepción no surge de la nada. Tiene un antecedente inmediato: José Jerí asumió el 10 de octubre de 2025 y fue censurado por el Congreso el 17 de febrero de 2026, luego de solo 130 días en el poder. Esa experiencia reciente ha instalado una sensación de provisionalidad permanente, como si la política nacional ya no pudiera ofrecer gobierno, sino apenas administración transitoria del caos. En ese contexto, Balcázar no encarna estabilidad, sino continuidad de la incertidumbre.
A ello se suma un desgaste severo de legitimidad. La misma encuesta señala que 63% desaprueba la gestión de Balcázar y apenas 13% la aprueba. Ese nivel de rechazo resulta todavía más delicado porque aparece en medio de varios frentes de crisis: cuestionamientos sobre su estado de salud, una delegación excesiva de funciones a la primera ministra Denisse Miralles, el aumento de la criminalidad, la escasez de GNV tras la deflagración de gas en Cusco y el conflicto social en torno a la nueva carretera central. Cuando se acumulan tantas señales de debilidad, lo que se resiente no es solo la imagen del presidente, sino la percepción de que el país carece de conducción real.
Pero sería un error reducir el problema a la figura presidencial. El deterioro alcanza también al Congreso, cuya desaprobación llega a 90%, con apenas 6% de aprobación, según el mismo estudio. Y esa cifra tampoco sorprende. El Parlamento carga con el costo político de normas que han generado amplio rechazo, entre ellas la llamada ley de amnistía para militares y policías vinculados a hechos del conflicto armado interno, los cambios a la ley APCI, las modificaciones a la ley contra el crimen organizado y a la colaboración eficaz, y el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Todo ello ha profundizado la impresión de que buena parte del poder político legisla más para protegerse que para responder a las urgencias del país.
Lo más grave no es que exista la posibilidad de una censura antes de julio. Lo verdaderamente alarmante es que esa posibilidad parezca razonable para millones de ciudadanos. Eso revela hasta qué punto la democracia peruana ha sido vaciada de horizonte y convertida en un escenario de cálculo, presión y reemplazo. Se gobierna mirando la próxima maniobra parlamentaria, no el próximo gran problema nacional. Se administra la coyuntura, pero no se construye autoridad. Y cuando la autoridad política se vuelve efímera, también se debilita la capacidad del Estado para enfrentar inseguridad, crisis económica, conflictividad social y corrupción.
El 34% que anticipa una posible caída de Balcázar antes de julio no está emitiendo solo un pronóstico: está expresando una desconfianza profunda en un sistema que ya no ofrece garantías de estabilidad ni de representación.
Reflexión final
La peor censura quizá no sea la que pueda dictar el Congreso, sino la que ya ha formulado la ciudadanía contra una clase política incapaz de gobernar con solvencia, ética y sentido de país. Y mientras esa fractura no se corrija, el Perú seguirá discutiendo quién cae después, en vez de preguntarse seriamente cómo salir del derrumbe.