En el Perú, los contratos públicos suelen venir con una cláusula no escrita: cuando aparecen nombres cercanos al poder, la transparencia empieza a volverse más silenciosa que rigurosa. El caso que vincula a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna, con un contrato de EsSalud por S/ 2’103,442 no debería leerse como una curiosidad de farándula con derivaciones políticas. Debería entenderse como lo que realmente es: un asunto de interés público que compromete recursos del Estado, un hospital y la confianza ciudadana en la limpieza de las contrataciones. Según lo difundido por Cuarto Poder y recogido por varios medios, ese contrato fue adjudicado en abril de 2025 al Consorcio del Norte para brindar, durante 12 meses, el servicio de alimentación al hospital Luis Heysen Inchaustegui, en Lambayeque.
Lo delicado del caso no es solo el monto. Lo verdaderamente inquietante es la red de coincidencias. El reportaje señaló que el número celular de Gustavo Horna Novoa figuraba como contacto del Consorcio del Norte en registros públicos. Además, ese mismo número también aparecía vinculado a Latina Confecciones y Diseños E.I.R.L., empresa fundada por Giuliana Bocanegra, esposa de Gustavo Horna y madre de Brunella Horna. A ello se suma otro dato sensible: la dirección del consorcio ganador coincidía con la de esa empresa textil. En cualquier sistema que se tome en serio la probidad, estas coincidencias activarían controles inmediatos. Aquí, en cambio, parecen activarse primero las explicaciones tardías y luego los cambios apresurados.
La representante del consorcio, Magna Sánchez, también aparece en fotografías con familiares de Brunella Horna, según el reportaje televisivo y notas posteriores. Cuando fue consultada, negó esos vínculos y sostuvo que las imágenes eran “montajes”. Sin embargo, tras las consultas periodísticas, el número telefónico de contacto del consorcio fue cambiado, un detalle que no disipa dudas sino que las profundiza. Porque en estos casos el problema no es solo la posible cercanía entre privados, sino la sensación de que el Estado sigue siendo un territorio donde la línea entre relación personal y contratación pública se vuelve demasiado elástica.
Y hay un punto todavía más grave. El reportaje también observó presuntas irregularidades en el traslado de alimentos, que no se habría realizado con la vigilancia exigida en las bases administrativas. La abogada especialista en contratos públicos Cecilia Ruiz advirtió que, de confirmarse esos hechos, podría tratarse de un incumplimiento contractual con implicancias en seguridad pública, salud pública e inocuidad de los alimentos. Es decir, ya no estaríamos hablando solo de vínculos cuestionables alrededor de una adjudicación, sino de la ejecución misma de un servicio sensible para pacientes hospitalizados. Cuando la opacidad se acerca a la mesa de un hospital, el escándalo deja de ser político y empieza a rozar lo sanitario.
El caso del padre de Brunella Horna no debe reducirse a una polémica de apellidos conocidos. Lo que está en discusión es algo bastante más serio: si los contratos públicos en sectores sensibles como salud se adjudican y ejecutan bajo criterios transparentes o bajo la vieja lógica peruana de los vínculos convenientes, las explicaciones incompletas y los silencios estratégicos. Hasta el momento, según los reportes revisados, ni la familia Horna ni el entorno político mencionado han ofrecido una respuesta pública de fondo que cierre las dudas.
Reflexión final
Un país serio no puede permitir que la alimentación de pacientes en un hospital de EsSalud quede rodeada de números compartidos, direcciones coincidentes y rectificaciones posteriores a la presión periodística. Porque cuando la salud pública se sienta a la mesa con las influencias, la sospecha deja de ser exageración y se convierte en una obligación cívica. (Foto: LR).