La salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros, apenas 21 días después de haber asumido, no puede presentarse como un simple relevo administrativo. Es la confirmación de una crisis política que el propio Gobierno intentó negar hasta el último momento. José María Balcázar tuvo que recomponer, a contrarreloj, un gabinete entero y nombrar a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo primer ministro, a horas de una etapa decisiva: la búsqueda del voto de confianza en el Congreso. Cuando un Ejecutivo cambia de cabeza en la PCM en vísperas de someterse al Parlamento, no transmite control; transmite fragilidad.
Los hechos son demasiado elocuentes para ser maquillados con el lenguaje de la normalidad. Miralles renunció el 17 de marzo, luego de recibir el pedido presidencial de dejar el cargo, y fue reemplazada ese mismo día por Arroyo, quien venía desempeñándose como ministro de Defensa. Junto con él juró un nuevo Consejo de Ministros de 18 carteras, aunque buena parte del equipo mantiene rostros ya conocidos. Es decir, no estamos ante una renovación de fondo, sino ante una reconfiguración de emergencia destinada a sobrevivir políticamente en medio de la tormenta.
El contexto agrava aún más la lectura. El nuevo gabinete deberá acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza, tal como exige el artículo 130 de la Constitución, y el nuevo premier cuenta con hasta treinta días desde su juramentación para presentarse ante el Parlamento. Sin embargo, el cambio de último minuto revela que el problema no era protocolar, sino político: el oficialismo llegó desgastado, improvisando respuestas en medio de la crisis del GNV, la inseguridad ciudadana y el debilitamiento de su propia conducción. No se cambia a una primera ministra en vísperas de una prueba parlamentaria si el gobierno se siente sólido.
Lo más preocupante no es solo la caída de Miralles, sino el patrón que vuelve a repetirse en el Perú: gobiernos transitorios que prometen estabilidad y terminan devorados por sus propias contradicciones antes de consolidar una línea mínima de mando. Un país asediado por el crimen, la conflictividad social, la precariedad energética y la desconfianza institucional no puede seguir administrándose con gabinetes de recambio exprés. Cada cambio abrupto en la PCM debilita más al Ejecutivo, posterga decisiones urgentes y convierte la gestión pública en una sucesión de maniobras de corto plazo. La política deja entonces de servir al ciudadano y pasa a servir a la supervivencia del poder.
Tampoco debe perderse de vista un detalle de fondo: cuando un gabinete nace bajo presión, sin tiempo político y con la urgencia de buscar legitimidad en el Congreso, su margen para gobernar se reduce desde el primer día. Arroyo no asume una jefatura fortalecida, sino una misión de contención. Y eso, en un régimen ya deteriorado por la rotación, la improvisación y la crisis de representación, es una señal inquietante. El país no necesita administradores del naufragio, sino autoridades capaces de fijar rumbo, responder a las emergencias y recuperar la confianza pública.
La juramentación del gabinete de Luis Enrique Arroyo no cierra la crisis: apenas la reordena. El cambio en la PCM confirma que el gobierno de Balcázar sigue atrapado en la lógica de la reacción, no de la conducción.
Reflexión final
Cuando un gobierno cambia de primer ministro antes de echar a andar su propia agenda, la pregunta ya no es cuánto durará el gabinete, sino cuánto más puede durar una forma de ejercer el poder basada en la negación de la crisis, el recambio apresurado y la incapacidad de ofrecer dirección. Allí empieza el verdadero desgaste de un Estado que, frente al país real, parece siempre llegar tarde.(Foto: Presidencia).