La anulación de la condena contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos no es una decisión judicial más. Es un hecho de enorme gravedad institucional, moral y democrática. El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia condenatoria, declaró prescrita la acción penal y ordenó la inmediata liberación del exministro, al sostener que los hechos no podían ser tratados como delitos de lesa humanidad bajo el criterio aplicado en la resolución. La reacción no tardó en llegar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su rechazo y advirtió que este razonamiento podría afectar otros procesos por violaciones graves a los derechos humanos y debilitar el acceso a la justicia de las víctimas.
Hugo Bustíos fue asesinado en Ayacucho en 1988, en uno de los años más oscuros de la violencia política peruana. Su caso no representa solo la muerte de un periodista; representa también la larga lucha de una familia y de una sociedad por demostrar que la verdad no puede quedar enterrada bajo el peso del tiempo, el miedo o la conveniencia del poder. Por eso, cuando el TC decide cerrar el proceso bajo el argumento de la prescripción, no solo modifica la situación jurídica de un condenado: altera el mensaje que el Estado envía sobre su compromiso con la memoria, la justicia y la protección de la libertad de prensa.
La preocupación de la CIDH es, en ese sentido, plenamente comprensible. El organismo recordó que el Estado peruano mantiene obligaciones internacionales para investigar, juzgar y sancionar violaciones de esta naturaleza, y alertó que el criterio adoptado por el TC podría influir en otros expedientes vinculados al conflicto armado interno. Si ese razonamiento se expande, el país no estaría frente a un caso aislado, sino ante un precedente que puede debilitar años de esfuerzo en la lucha contra la impunidad. Esa es la dimensión real del problema. No se trata únicamente de Urresti. Se trata del estándar con el que el Perú decidirá mirar sus propios crímenes más graves.
Aquí aparece la zona más delicada de este episodio. El Estado ha defendido la autonomía del Tribunal Constitucional y ha señalado que la sentencia no constituye precedente vinculante para otros casos. Pero la autonomía judicial no puede convertirse en una barrera frente al escrutinio democrático ni en un escudo frente a decisiones cuyas consecuencias públicas son profundas. Un fallo de esta magnitud no solo se examina por su forma legal; también por el impacto que produce sobre la confianza ciudadana en la justicia y sobre la protección de derechos fundamentales. Cuando una resolución genera rechazo nacional e internacional porque parece abrir la puerta a nuevas formas de impunidad, el daño ya no es abstracto: es concreto y corrosivo para el Estado de derecho.
Además, el caso Bustíos toca una fibra esencial de toda democracia: la seguridad de quienes informan. Si el asesinato de un periodista termina décadas después envuelto en una decisión que clausura la sanción penal, el mensaje hacia el país es devastador. Se debilita la memoria de la víctima, se golpea a sus familiares y se proyecta la idea de que incluso los crímenes más emblemáticos pueden quedar atrapados en una interpretación que favorezca el cierre antes que la justicia.
El fallo del Tribunal Constitucional en el caso Hugo Bustíos no cierra una herida: la reabre. Y la reabre en el peor lugar posible, allí donde se cruzan la libertad de prensa, los derechos humanos y la obligación del Estado de no abandonar a las víctimas.
Reflexión final
Una democracia decente no puede permitirse que la búsqueda de justicia termine convertida en una derrota para la memoria. Cuando un país relativiza el castigo de los crímenes contra periodistas, no solo compromete su pasado. También pone en riesgo el valor de la verdad en el presente y la dignidad de la justicia en el futuro. (Foto: El Comercio).