¿Cómo se gobierna con diez ministros bajo investigación?

En el Perú, cada crisis política promete una recomposición del poder, pero demasiadas veces solo cambia el decorado. El nuevo gabinete liderado por Luis Arroyo nació con una carga difícil de disimular: diez ministros declararon tener investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite en sus propias declaraciones juradas presentadas para asumir el cargo. No es un rumor ni una filtración maliciosa; es información oficial consignada por los propios integrantes del Ejecutivo y revelada por RPP.

El dato, por sí solo, ya sería políticamente demoledor. Pero se vuelve todavía más grave cuando se observan los sectores involucrados y la naturaleza de los casos declarados. El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, reportó una investigación por presunto lavado de activos. El titular de Justicia, Luis Jiménez, consignó investigaciones por presunta negociación incompatible y colusión. Juan Velasco, en Salud, declaró una carpeta fiscal por presunta negociación incompatible. Óscar Fernández, en Trabajo, reportó investigaciones por presunto fraude procesal, omisión ilegal, abuso de autoridad y colusión. También aparecen investigaciones en Ambiente, Energía y Minas, Transportes, Interior y Defensa.

Aquí el problema no es negar la presunción de inocencia. Toda persona la tiene y debe conservarla. El verdadero escándalo es otro: ¿cómo llega un gabinete a instalarse con semejante nivel de cuestionamientos previos? ¿De verdad no existe un filtro mínimo de idoneidad política y ética? ¿O sí existe, pero queda subordinado a la urgencia de armar equipos, pagar cuotas o sostener alianzas? Cuando un gobierno normaliza este tipo de nombramientos, el mensaje que envía no es de autoridad ni de solvencia, sino de resignación institucional.

Y esa resignación tiene consecuencias. Un ministro investigado podrá defenderse en tribunales o fiscalías, pero en el plano político gobierna ya con una sombra sobre la espalda. Cada decisión relevante queda expuesta a sospecha, cada discurso anticorrupción pierde fuerza y cada llamado a la confianza ciudadana nace debilitado. No se trata de condenar antes de tiempo, sino de entender que la función pública no exige solo legalidad, sino también credibilidad. Un país golpeado por corrupción, desgobierno y desconfianza no puede seguir administrándose como si la ética fuera una formalidad decorativa.

Más inquietante aún es que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, también declaró cuatro investigaciones archivadas por presuntos delitos como abuso de autoridad, exceso en el ejercicio del cargo y falsedad. Aunque esos casos estén archivados, el conjunto retrata un patrón: el poder no parece estar reclutando a sus mejores cuadros, sino a sus piezas disponibles.

Gobernar no consiste solo en ocupar despachos. También implica cuidar la legitimidad de las instituciones. Y un gabinete con diez ministros bajo investigación arranca, desde el primer día, con una erosión de confianza que no puede maquillarse con ceremonias ni discursos.

Reflexión final
El Perú ya no necesita autoridades que pidan confianza por adelantado. Necesita funcionarios que la merezcan antes de jurar. Porque cuando la excepción se vuelve regla y los cuestionamientos se vuelven paisaje, el problema deja de ser de nombres propios: pasa a ser un síntoma de un Estado que ha empezado a acostumbrarse demasiado a convivir con la sospecha. (Foto: Presidencia).