La salida de José Domingo Pérez no puede leerse como una simple decisión administrativa ni como una rutina institucional más dentro del sistema de justicia. En el Perú, donde la corrupción ha aprendido a mutar, reciclarse y hasta candidatear con sorprendente comodidad, separar a un fiscal que se atrevió a investigar a figuras poderosas tiene un significado político imposible de ignorar. No es solo la caída de un magistrado incómodo. Es la escenificación de un mensaje más profundo y más perturbador: en este país, tocar al poder sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y cuando quien cae no es el corrupto, sino quien lo acusa, lo que queda herido no es solo una carrera fiscal, sino la credibilidad misma de la República.
José Domingo Pérez no se convirtió en una figura controvertida por frivolidad mediática ni por protagonismo personal. Se volvió incómodo porque hizo algo que en el Perú suele despertar furia en las alturas: investigar en serio. Su trabajo dentro del equipo especial Lava Jato puso bajo presión a expresidentes, excandidatos, operadores políticos, empresarios y estructuras partidarias que durante años se movieron con la confianza de quien cree que el Estado existe para protegerlos. Pérez no persiguió ladrones de gallina. Persiguió redes de poder. Y eso, en una democracia debilitada por la corrupción, se paga caro.
Por eso resulta difícil creer que su apartamiento sea una casualidad técnica, aséptica y perfectamente neutral. En un país donde tantos personajes salpicados por escándalos logran sobrevivir con intacta capacidad de influencia, ver fuera del sistema a uno de los fiscales más visibles de las investigaciones anticorrupción produce una indignación que no necesita exageraciones para ser legítima. Aquí ocurre algo obsceno: los acusados se reciclan, los denunciados reaparecen, los implicados sonríen, pero el fiscal que los persiguió termina arrinconado. Es una inversión moral del sistema. Una pedagogía perversa. Un modo brutal de enseñarles a los demás que investigar demasiado arriba tiene consecuencias.
Y eso es precisamente lo más grave. No se trata solo de Domingo Pérez como individuo, sino de lo que su caso representa para fiscales, jueces y ciudadanos. Cuando el sistema aparta a uno de los rostros más visibles de la persecución anticorrupción, instala una pregunta devastadora: ¿quién se atreverá mañana a seguir el mismo camino? Porque la justicia no solo se debilita cuando fracasa en condenar a los poderosos; también se debilita cuando castiga, margina o desprotege a quienes se atreven a enfrentarlos.
Los resultados del equipo Lava Jato, con todas sus limitaciones, contradicen cualquier intento de reducir este trabajo a una aventura estéril. Hubo condenas, procesos emblemáticos, reparaciones civiles millonarias y una señal, aunque frágil, de que el Perú podía por fin llevar al banquillo a quienes durante décadas convirtieron la política en negocio y la impunidad en costumbre. Justamente por eso la salida de Pérez pesa tanto. Porque no cae un funcionario cualquiera: cae uno de los símbolos de que el poder podía ser investigado.
Lo ocurrido con José Domingo Pérez no solo debilita a una persona. Debilita la esperanza de que todavía existan instituciones dispuestas a resistir la presión del pacto entre poder, impunidad y revancha. Y eso, en un país devastado por la desconfianza, es un golpe de enorme gravedad.
Reflexión final
La verdadera tragedia no es únicamente que un fiscal incómodo haya sido apartado. La verdadera tragedia es que el país empiece a aceptar como normal que los políticos corruptos no solo busquen salvarse, sino vengarse. Porque cuando el sistema castiga al que investiga y tolera al que saquea, la justicia deja de parecer justicia. Y empieza a parecer, peligrosamente, un ajuste de cuentas con toga institucional. (Foto: Latina Noticias).