Por el Capibara, periodista silvestre, libre y sin dueño.
Desde la eternidad —esa oficina sin asesores, sin blindajes y sin conferencias de prensa— me senté frente a Aristóteles para revisar una rareza peruana que ya dejó de parecer rareza: la política nacional produce expresidentes con una velocidad que solo compite con la producción de expedientes. En los últimos años, Perú ha visto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra pasar por prisión o condenas, mientras Pedro Pablo Kuczynski siguió con procesos e investigaciones abiertas. A ese telón de fondo se suman los antecedentes de Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, y Alan García, investigado en el caso Lava Jato antes de su muerte.
Le dije a Aristóteles que en el Perú ya no basta preguntar quién gobernó, sino quién terminó declarando, quién terminó acusado y quién terminó custodiado. El filósofo respiró hondo, como quien entra a un museo de la decadencia institucional, y me soltó una frase que merecería tallarse en mármol frente a Palacio: “Cuando una república acostumbra ver a sus exmandatarios entre jueces, fiscales y barrotes, el problema dejó de ser personal; ya es una pedagogía del poder”.
—Capibara: Maestro, empecemos por lo esencial. En el Perú, hablar de expresidentes ya parece ejercicio de archivo judicial. ¿A quiénes hay que nombrar, sin maquillaje y sin amnesia?
—Aristóteles: Hay que nombrarlos a todos los que el poder convirtió en advertencia. Alberto Fujimori, sentenciado desde 2009 por casos de derechos humanos y corrupción; Alejandro Toledo, condenado por corrupción; Ollanta Humala, condenado en 2025; Martín Vizcarra, condenado en 2025; Pedro Castillo, condenado en 2025 por el fallido quiebre institucional; Pedro Pablo Kuczynski, con procesos abiertos; y Alan García, investigado en el marco del caso Lava Jato antes de su muerte en 2019. Esa lista no describe solo a personas; describe el deterioro de la investidura presidencial.
—Capibara: O sea, el problema no es que un presidente tropiece. El problema es que el país ya armó colección.
—Aristóteles: Exactamente. Cuando una nación repite demasiado el mismo escándalo, deja de vivir accidentes y empieza a institucionalizar costumbres. En el Perú, la presidencia ha empezado a parecer un cargo con despacho, banda, fotógrafo oficial y riesgo penal diferido.
—Capibara: Vayamos uno por uno. Alberto Fujimori.
—Aristóteles: Fujimori representa el antecedente pesado, el prólogo que debió servir de vacuna y terminó funcionando como advertencia ignorada. Su condena por corrupción y derechos humanos debió enseñar que el poder sin límites termina devorando la ley. Pero la lección, por lo visto, fue archivada junto con otras urgencias nacionales.
—Capibara: Alejandro Toledo.
—Aristóteles: Toledo ya no es sospecha: es condena. Y cuando un expresidente pasa de prometer modernidad a convertirse en símbolo de corrupción, la herida no es solo judicial, sino moral. Porque cada sentencia contra quien ocupó el máximo cargo le recuerda al país que no eligió un estadista, sino una decepción con banda presidencial.
—Capibara: Ollanta Humala.
—Aristóteles: Humala pertenece a la estirpe del político que llegó prometiendo corrección y terminó absorbido por el mismo lodazal que decía combatir. Su condena en 2025 añadió otra piedra al monumento peruano de la frustración republicana. Cambian los discursos, cambian los slogans, pero la costumbre de terminar explicando cuentas, aportes y favores parece mantenerse con disciplina admirable.
—Capibara: Pedro Pablo Kuczynski.
—Aristóteles: Kuczynski ofrecía solvencia técnica, experiencia, moderación. Y aun así quedó con procesos abiertos. Esa es otra ironía peruana: aquí hasta la tecnocracia termina salpicada. Se prometió gestión seria y el país recibió otra estación en el largo ferrocarril de la sospecha.
—Capibara: Martín Vizcarra.
—Aristóteles: Vizcarra es una parábola especialmente peruana. Se presentó como emblema anticorrupción y terminó condenado. En política, nada envejece peor que el moralismo sin consistencia. El cirujano que prometía operar al sistema acabó siendo parte del diagnóstico.
—Capibara: Pedro Castillo.
—Aristóteles: Castillo resume otro drama: la improvisación elevada a método y el desorden disfrazado de autenticidad. Fue detenido tras intentar desarmar el orden constitucional y luego condenado. Allí el problema ya no fue solo la sospecha de corrupción o la opacidad en la gestión; fue el colapso mismo del criterio político. Cuando la presidencia queda en manos del arrebato, el país entero paga la factura.
—Capibara: Y en el fondo del escenario, Alan García.
—Aristóteles: García permanece como una sombra inevitable en esta conversación. Fue investigado en el marco de Lava Jato antes de su muerte. No importa cuánto quiera la política reescribir sus retratos: la memoria judicial no desaparece porque cambie el tono del homenaje.
—Capibara: Maestro, con ese recuento ya no parece una república; parece una fila de exmandatarios esperando turno para declarar.
—Aristóteles: Porque el poder dejó de ser ejercicio de virtud y pasó a ser administración de oportunidad. En una polis sana, gobernar exige excelencia. En una república fatigada, parece bastar con llegar, resistir, repartir y luego contratar abogados.
—Capibara: Ahora sumemos el presente. Dina Boluarte tiene investigaciones fiscales, aunque una decisión del Tribunal Constitucional suspendió los procesos penales en su contra hasta el final de su mandato. Y José Jerí quedó bajo investigación del Ministerio Público por reuniones no transparentadas con un empresario chino y otras presuntas irregularidades durante su breve gobierno.
—Aristóteles: Entonces el libreto sigue escribiéndose con la misma tinta. Unos ya ocuparon celda; otros todavía ocupan portada. Pero cuando el país empieza a mirar a sus gobernantes preguntándose no qué legado dejarán, sino qué carpeta fiscal los espera, la decadencia ya no necesita editorial: se explica sola.
—Capibara: Hay quienes dirán que no se puede anticipar condenas.
—Aristóteles: Y tienen razón. La justicia no debe escribirse por adelantado. Pero la filosofía sí puede leer patrones. Y el patrón peruano es obsceno en su repetición: se promete renovación y aparece otro capítulo de opacidad; se ofrece decencia y brotan nuevas sospechas; se invoca institucionalidad y el país termina otra vez contando fiscales, audiencias y restricciones. Sobre Dina Boluarte y José Jerí, corresponde decir lo que hoy es verificable: que enfrentan o arrastran investigaciones. Lo demás dependerá de las pruebas y de una justicia que no se arrodille ante el cargo.
—Capibara: Pero, maestro, se lo pregunto como lo haría cualquier ciudadano cansado: viendo la secuencia, ¿podrían ellos terminar también en prisión?
—Aristóteles: Podrían, como podría ocurrir con cualquier autoridad investigada si los hechos se acreditan y si las instituciones actúan sin blindajes. Lo grave no es adivinar el desenlace; lo grave es que en el Perú esa hipótesis ya no suena descabellada, sino verosímil. Ese es el verdadero escándalo: que la cárcel haya dejado de parecer excepción y empiece a rondar como posibilidad habitual del poder mal ejercido.
—Capibara: Traduzco: en el Perú el sillón presidencial ya no garantiza trascendencia; apenas garantiza eventual citación.
—Aristóteles: Tradúcelo todavía mejor: la presidencia ha perdido estatura. El ciudadano ya no espera grandeza; a lo mucho espera que el próximo no termine explicando transferencias, visitas discretas, favores cruzados o golpes de torpeza monumental.
—Capibara: Qué retrato tan desolador.
—Aristóteles: No es desolador; es preciso. Desolador es que el país se haya acostumbrado.
Termino la entrevista con una sensación incómoda: Aristóteles no vino a exagerar, vino a ordenar el desastre. Y cuando el desastre se ordena, luce peor. La lista de expresidentes peruanos presos, condenados, investigados o procesados ya no cabe en una nota al pie. Es parte central del relato político contemporáneo. Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Castillo y García no son nombres dispersos: son capítulos de una misma novela nacional, esa donde el poder promete servicio público y termina produciendo defensas legales.
Y mientras tanto, el presente sigue incubando sus propias páginas. Dina Boluarte llega al final de su mandato con procesos suspendidos, no borrados; José Jerí ya aparece bajo investigación por reuniones opacas y sospechas de irregularidad. Nadie serio debería dictar sentencias por adelantado. Pero tampoco nadie serio puede ignorar el patrón: en el Perú, el poder se ha vuelto demasiado compatible con la sospecha.
Aristóteles se levanta, mira hacia abajo —hacia este país donde la política suele hablar de grandeza mientras acomoda coartadas— y me deja la última frase de la tarde:
“Una república entra en decadencia cuando sus gobernantes empiezan a temer menos a la vergüenza que al expediente”.
Yo cierro la libreta. El resto lo hace la realidad, que en el Perú siempre llega con banda presidencial, discurso solemne y, demasiadas veces, abogado listo.
Se despide,
El Capibara —periodista silvestre, libre y sin dueño.