En el Perú, la trata de personas sigue destruyendo vidas con una eficacia que avergüenza, mientras el Estado responde con una inversión que ni siquiera alcanza el 0,01% del presupuesto nacional. Esa cifra no es un tecnicismo ni un dato secundario: es la medida exacta de la distancia entre el discurso oficial y la verdadera prioridad pública. Cuando un delito que captura, explota y desaparece a niñas, adolescentes y mujeres recibe apenas migajas presupuestales, lo que se revela no es falta de información, sino falta de voluntad real para enfrentarlo.
Las cifras del problema son demasiado graves como para tolerar excusas. Entre 2023 y 2025 se registraron 5.947 denuncias por trata de personas, pero solo 173 concluyeron en sentencias condenatorias confirmadas. La señal es devastadora: el delito avanza mucho más rápido que la capacidad del sistema de justicia para investigarlo y castigarlo. Si a eso se suma que más del 84% de las víctimas son mujeres y que más de la mitad son menores de edad, queda claro que el país no está fallando en un frente cualquiera. Está fallando en la defensa más básica de su población más vulnerable.
Lo más inquietante es que esta amenaza ya no opera solo en rutas clandestinas, prostíbulos ilegales o economías criminales alejadas de las ciudades. Hoy también se mueve por TikTok, Roblox, chats y redes sociales donde miles de menores ingresan todos los días sin conocer plenamente los riesgos. Primero llega el mensaje amistoso, luego la confianza, después la propuesta y finalmente la trampa. Mientras las mafias entienden con rapidez el nuevo terreno digital, el Estado sigue pareciendo atrapado en una respuesta lenta, fragmentada y desfinanciada.
Ahí está el verdadero escándalo. En 2025, del Presupuesto General de la República de S/272.333 millones, apenas el 0,005% fue destinado a servicios relacionados con la lucha contra la trata. Eso equivale a cerca de S/0,17 por ciudadano al año. Una sociedad que invierte casi nada en prevenir, investigar, rescatar y rehabilitar frente a un delito de esta magnitud no puede luego fingir sorpresa por la impunidad. Porque la impunidad no nace solo en el juzgado. También nace cuando no hay recursos para fiscalías, protección, salud mental, albergues, tecnología y prevención.
El problema es todavía más grave porque la política pública ya reconoce 42 servicios necesarios para enfrentar este delito, pero varios ni siquiera cuentan con metas presupuestales claras. Es decir, el Estado diseña respuestas que después abandona en el papel. Y así, mientras se redactan planes, miles de adolescentes siguen expuestas a redes que no descansan, no improvisan y no subestiman a sus víctimas.
Que el Estado no invierta ni el 0,01% en la lucha contra la trata de personas no es una omisión menor. Es una decisión política que termina debilitando la prevención, la persecución penal y la protección de las víctimas.
Reflexión final
Un país se delata también por aquello que decide financiar con seriedad y por aquello que deja librado a la suerte. Si el Perú destina migajas para combatir uno de los delitos más crueles y degradantes que existen, entonces el mensaje es demasiado claro: la indignación pública vale más en el discurso que en el presupuesto. Y cuando eso ocurre, las mafias entienden que no solo tienen víctimas disponibles. También tienen un Estado peligrosamente ausente.(Foto: San Isidro.Gob).