¡Alerta! Perú capturado por economías criminales sin control

El Perú discute la inseguridad como si fuera apenas una suma de asaltos, extorsiones y cobros de cupos. Pero esa mirada, además de insuficiente, termina siendo funcional al problema. La violencia que hoy acorrala a barrios, mercados, transportistas y pequeños negocios no nace sola: se alimenta de economías criminales que han crecido frente a un Estado lento, fragmentado y, demasiadas veces, complaciente. El tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y la minería ilegal no son delitos paralelos al miedo cotidiano. Son su combustible. Son la caja chica, la caja grande y la estructura de poder de un sistema criminal que ya no actúa en los márgenes: se expande en el corazón del país.

Las cifras retratan con crudeza esa realidad. El 76% de la población señala a la extorsión y al cobro de cupos como la amenaza que más le preocupa. Pero detrás de ese miedo visible operan engranajes mucho más grandes: el narcotráfico y la trata de personas lideran las economías criminales que más alarman a la ciudadanía, con 64%, seguidas por la minería ilegal con 52%. No estamos, por tanto, ante delitos aislados. Estamos ante una cadena de valor del crimen que conecta territorios, rutas, dinero, explotación, armas y corrupción.

Y, sin embargo, buena parte de la política sigue abordando este drama con la superficialidad de quien cree que basta con patrulleros, estados de emergencia o frases de campaña. Se promete resolver la inseguridad en meses, como si el país enfrentara una racha delictiva y no una estructura criminal con ramificaciones nacionales. Se anuncian planes sin músculo presupuestal, operativos sin continuidad y discursos sin estrategia. El resultado está a la vista: el crimen evoluciona, se articula y se fortalece; el Estado reacciona tarde, mal y por partes.

Ese es el punto más grave. Mientras las mafias entienden que el negocio es sistémico, el poder sigue respondiendo como si cada delito fuera una isla. La trata de personas se instala en territorios dominados por minería ilegal. El narcotráfico comparte corredores, protección y lavado con otras economías ilícitas. La extorsión urbana, que hoy asfixia a miles de familias, no puede entenderse sin ese ecosistema mayor que financia, recluta, arma y corrompe. Perseguir al cobrador de cupos sin tocar la estructura que lo sostiene es apenas administrar la consecuencia.

A esa ceguera política se suma una precariedad institucional escandalosa. Si el 92% del presupuesto del Ministerio del Interior se va en planillas y apenas 3% en inversión, no estamos ante una política de seguridad: estamos ante una administración resignada. Si el 60% de comisarías no tiene titulación, si las unidades de investigación trabajan en peores condiciones que muchas dependencias comunes y si la tecnología apenas alcanza para lo mínimo, entonces el discurso oficial sobre lucha contra el crimen se parece demasiado a una puesta en escena.

Y todo empeora cuando aparece el factor que nadie quiere mirar de frente: la corrupción. Porque el crimen organizado no prospera solo por su violencia, sino por su capacidad de comprar silencio, protección, filtración y complicidad. Allí donde la corrupción resulta más rentable que el deber, la ley empieza a retroceder. Y cuando la ley retrocede, lo que avanza no es solo el delito: avanza un modelo de país sometido por redes que ya no temen al Estado porque han aprendido a infiltrarlo.

La inseguridad ciudadana no se ha desbordado por casualidad. Se ha desbordado porque durante demasiado tiempo se combatió el síntoma y se toleró la raíz. Se discutió al sicario, pero no al sistema que lo financia. Se condenó la extorsión, pero no se desmontó la economía criminal que la sostiene. Se habló de orden, mientras el desorden resultaba rentable para demasiados intereses.

Tráfico de drogas, trata y minería ilegal no son problemas sectoriales ni asuntos periféricos. Son el núcleo de una criminalidad que hoy condiciona la vida nacional. Mientras no se entienda esa verdad, toda promesa de seguridad seguirá siendo incompleta, improvisada y, en muchos casos, profundamente engañosa.

Reflexión final
El país no está solo frente a una ola delictiva. Está frente a una arquitectura criminal que creció mientras la política discutía cuotas, elecciones y conveniencias. Y cuando un Estado deja que las economías criminales se conviertan en motor del miedo, ya no enfrenta solo un problema de seguridad: empieza a perder, poco a poco, autoridad, territorio y dignidad republicana. (Foto: Semana Económica).