En el Perú de hoy, la seguridad ya no se mide por lo que el Gobierno promete, sino por lo que la delincuencia permite. El presidente José María Balcázar oficializó su Política General de Gobierno colocando la seguridad ciudadana como eje prioritario. Sin embargo, mientras el Ejecutivo ordena documentos y define lineamientos, el crimen organizado sigue operando con una eficacia que deja en evidencia una verdad incómoda: el problema no es la ausencia de normas, sino la ausencia de conducción.
El decreto presenta un catálogo de intenciones: fortalecer el marco legal, implementar planes, articular instituciones. Todo suena correcto en el papel. Pero el país no necesita más redacción normativa, sino resultados visibles. Exministros como Wilfredo Pedraza han advertido que no existe un “nuevo rumbo” en la estrategia de seguridad, y Carlos Basombrío ha sido más directo al señalar que no hay claridad en cómo enfrentar la inseguridad. Cuando voces con experiencia coinciden en ese diagnóstico, el mensaje es claro: no hay innovación, no hay giro, no hay respuesta distinta.
Lo preocupante no es solo la falta de novedad, sino la persistencia en un enfoque que ya ha demostrado sus límites. El gobierno insiste en reforzar leyes, como si el problema fuera jurídico. Pero el país no está desbordado por falta de normas, sino por falta de ejecución. La criminalidad no se frena con más artículos en el código penal, sino con inteligencia operativa, control territorial y decisiones políticas sostenidas. Y eso, hasta ahora, no aparece.
Balcázar parece gobernar la seguridad como si tuviera tiempo. Pero no lo tiene. Su mandato entra en la recta final y, aun así, la estrategia presentada se mueve en plazos, indicadores y reportes que culminan prácticamente al cierre del gobierno. Más que una política de choque, lo que se percibe es una administración del tiempo restante. Mientras el Ejecutivo organiza informes, el crimen organiza zonas de control.
El escenario se agrava con decisiones que debilitan la transparencia. El anuncio de la Policía Nacional de dejar de informar cifras de criminalidad no fortalece la estrategia; la debilita. Porque en una crisis de seguridad, ocultar o restringir datos no reduce la violencia, pero sí erosiona la confianza. Un gobierno que no muestra resultados y además reduce la información disponible corre el riesgo de parecer más enfocado en controlar la percepción que en enfrentar el problema.
Y en medio de todo esto, la ciudadanía queda expuesta. Transportistas extorsionados, barrios bajo amenaza, comerciantes obligados a pagar cupos y ciudadanos que han empezado a normalizar la inseguridad como parte de la vida diaria. Esa normalización es el mayor triunfo del crimen y el mayor fracaso del Estado.
El gobierno de Balcázar no enfrenta solo una crisis de seguridad. Enfrenta una crisis de credibilidad. Porque cuando las medidas se repiten, los resultados no llegan y el discurso no cambia, lo que se instala es la percepción de un poder que no logra imponerse frente al delito.
Reflexión final
Hoy el Perú no necesita más planes que ordenen el papel. Necesita liderazgo que ordene la realidad. Porque cuando el crimen avanza con decisión y el gobierno responde con formalidad, la balanza deja de ser institucional y empieza a ser peligrosa. Y en esa ecuación, cada día sin resultados no es solo tiempo perdido: es terreno cedido.