Que el Perú ocupe el puesto 39 entre 123 países en el Índice Global del Hambre 2025 podría sonar, para algunos, como una cifra manejable. Pero esa lectura sería tan cómoda como engañosa. Detrás de ese promedio nacional, que ubica al país en la categoría de “hambre baja”, se esconde una verdad mucho más dura: ocho regiones enfrentan niveles graves de inseguridad alimentaria. Es decir, el problema no ha sido resuelto; apenas ha sido disimulado por una media estadística que no refleja el drama desigual de millones de peruanos. El ranking, lejos de tranquilizar, debería avergonzar a un país que produce alimentos y, aun así, permite que vastos sectores vivan con incertidumbre sobre si podrán comer mañana.
La evidencia muestra que el hambre en el Perú no responde a una falta de producción, sino a una falta de acceso. El país produce, exporta y abastece, pero demasiadas familias no tienen ingresos suficientes para comprar una dieta adecuada. Esa es la raíz del problema. No se trata solo de escasez, sino de pobreza persistente, empleo precario, deterioro de ingresos y ausencia de políticas eficaces para proteger a los sectores más vulnerables. Cuando una familia pobre destina casi la mitad de su presupuesto a la alimentación, cualquier alza de precios se convierte en una amenaza directa a su supervivencia cotidiana.
Allí aparecen con claridad las brechas territoriales que este modelo de país sigue profundizando. Mientras regiones como Ica y Lambayeque han logrado mejorar sus indicadores gracias al dinamismo agroexportador y al empleo generado por esa actividad, otras zonas de la sierra y la selva siguen atrapadas en el rezago. Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco registran niveles graves. Algunas de ellas arrastran brechas históricas; otras han retrocedido desde la pandemia sin mostrar recuperación real. No estamos ante una anomalía. Estamos ante el resultado previsible de décadas de centralismo, desigualdad y políticas públicas que no se diseñan desde el territorio, sino desde escritorios que muchas veces no entienden la magnitud del daño.
Lo más inquietante es que el deterioro ya no se limita al Perú rural. Lima también ha empeorado desde 2020. La pobreza urbana se ha duplicado y la capital, pese a ser el principal centro económico del país, hoy enfrenta una situación alimentaria más frágil que la del resto de la costa e incluso peor que la de algunas zonas de la selva. Eso demuestra que el hambre en el Perú ya no puede seguir leyéndose como una tragedia ajena, lejana o concentrada solo en los márgenes. Está avanzando también allí donde el ingreso monetario es la única puerta para sobrevivir.
Este retroceso tiene responsables políticos. Los sucesivos desgobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcázar no han sabido construir una respuesta nacional seria frente al deterioro alimentario. Entre crisis, parálisis, cálculos de poder e indiferencia, el hambre ha seguido creciendo. Se ha administrado la pobreza con remedios insuficientes, mientras el país perdía capacidad de reacción y conciencia sobre el derecho a la alimentación.
No basta con exhibir un puesto en el ranking y aferrarse a la categoría de “hambre baja”. Eso sería convertir la estadística en maquillaje. Lo verdaderamente importante no es el lugar que ocupa el Perú en el cuadro global, sino el hecho de que dentro de su propio territorio conviven islas de crecimiento con regiones donde comer bien se ha vuelto un privilegio incierto.
El puesto 39 no debería ser un consuelo. Debería ser una llamada de atención. Porque un país que mantiene ocho regiones en nivel grave de inseguridad alimentaria no puede declararse a salvo ni satisfecho.
Reflexión final
El hambre no siempre se presenta como una imagen extrema. A veces adopta la forma silenciosa de una comida recortada, de una madre que prioriza a sus hijos, de una familia que come peor para llegar a fin de mes. Allí está el verdadero escándalo. Y mientras el poder siga mirando promedios en vez de rostros, el Perú seguirá figurando en rankings, pero fallando en lo esencial: garantizar que vivir en este país no signifique convivir con el miedo de no poder alimentarse. (Foto: Agraría).