El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no dejó espacio para interpretaciones: ratificó la sanción contra Fuerza Popular por el uso indebido de financiamiento público durante 2023. La consecuencia es concreta: 33 UIT de multa (S/163.350) y la reducción del 10% del Financiamiento Público Directo. Pero más allá del monto, lo relevante es el mensaje: el dinero del Estado, que debería fortalecer la democracia, terminó siendo utilizado en gastos que la ley no permite. Y eso, en un país con la credibilidad institucional tan golpeada, no es un detalle menor.
La infracción no es compleja de entender. La ONPE determinó que el partido destinó recursos públicos a canastas navideñas, vales de pavo y artículos de merchandising, además de otros gastos como polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos y servicios para eventos. La defensa intentó justificar estos desembolsos como beneficios laborales o parte de una estrategia de difusión. El JNE fue claro: esos conceptos no están contemplados dentro de los usos permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas.
Y ahí aparece la primera contradicción. El financiamiento público directo no es un incentivo para la creatividad logística ni un fondo para mejorar la experiencia del asistente a un evento partidario. Es un mecanismo diseñado para fortalecer la institucionalidad, la formación política, la investigación y la transparencia. Convertirlo en una herramienta de entrega de obsequios no es solo un error administrativo; es una distorsión del propósito mismo del sistema.
La resolución también desarma otro argumento clave: estos artículos no cumplían con la función de informar a la ciudadanía. Es decir, no eran instrumentos de comunicación política, sino objetos de compensación por asistencia. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando el recurso público se utiliza para incentivar participación mediante regalos, el límite entre política y clientelismo empieza a desdibujarse peligrosamente.
La ironía es difícil de ignorar. Mientras los partidos suelen reclamar mayores recursos y mejores condiciones para su funcionamiento, algunos terminan administrando esos fondos con criterios que poco tienen que ver con la responsabilidad pública. Y lo que debería ser un esfuerzo por recuperar la confianza ciudadana termina siendo un episodio más de desgaste institucional.
La sanción del JNE no solo castiga una infracción. Expone una forma de entender la política donde los recursos del Estado se manejan con ligereza y donde las reglas parecen negociables hasta que una resolución las vuelve ineludibles.
Reflexión final
En un contexto donde la ciudadanía ya desconfía profundamente de sus representantes, episodios como este no ayudan a recomponer la relación entre política y sociedad. Porque la democracia no solo se sostiene en elecciones libres, sino también en el uso responsable de los recursos públicos. Y cuando ese principio se debilita, lo que se erosiona no es solo la imagen de un partido, sino la confianza en todo el sistema. (Foto: LR).