Lo ocurrido en Macarí, Puno, no debería celebrarse como justicia comunal ni minimizarse como simple desborde político. Las rondas campesinas retuvieron y castigaron a latigazos al subprefecto Fredy Condori Yucra por haber acompañado a Keiko Fujimori en una actividad proselitista. La sanción incluyó chicotazos, “ranas” y planchas en plena plaza pública. El episodio revela dos cosas igual de inquietantes: el deterioro de la autoridad estatal y la incapacidad de cierta política para entrar en territorios donde su sola presencia activa memorias de agravio, rechazo y furia social.
Conviene decirlo con claridad: golpear a una autoridad no fortalece la democracia. La degrada. No importa cuán cuestionada sea la conducta del subprefecto ni cuán extendido sea el rechazo hacia Keiko Fujimori en parte del sur andino. El castigo físico como escarmiento político no es una victoria cívica; es la confirmación de que el Estado ha perdido autoridad y de que la política formal ya no convence, sino que provoca respuestas de ruptura. Cuando el poder institucional deja de ser creíble, el vacío lo llenan la indignación, el símbolo y el látigo.
Pero tampoco sirve fingir sorpresa por el contexto. La propia jefa rondera le recordó al subprefecto que había “hecho quedar mal” al distrito y lo acusó de respaldar a una figura a la que responsabilizan políticamente por agravios pasados. Ahí está el corazón del asunto: no fue solo una sanción al funcionario, sino una reacción brutal frente a lo que muchos en esa zona interpretan como una traición política y simbólica. En otras palabras, el problema ya no es únicamente de orden público; es de legitimidad severamente erosionada.
Y mientras eso ocurre, Keiko Fujimori llega además a una nueva etapa de campaña sin lograr despegar con claridad. En la más reciente medición de Ipsos para Perú21, Keiko y Rafael López Aliaga aparecen estancados, mientras Carlos Álvarez sube al tercer lugar, en un escenario de altísima volatilidad. Al mismo tiempo, esta semana la candidata volverá a debatir cara a cara con López Aliaga en la segunda ronda organizada por el JNE. Es decir, el episodio de Puno no irrumpe en una campaña sólida, sino en una candidatura que sigue arrastrando resistencias profundas y una polarización que no consigue administrar.
La ironía peruana vuelve a ser feroz: la democracia pide votos, pero en algunas plazas la política ya no convoca adhesión, sino castigos; el Estado nombra autoridades, pero luego no puede proteger ni el principio básico de que nadie debe ser agredido por una preferencia política. Así, todos pierden. Pierde el subprefecto humillado. Pierde la legalidad. Y pierde un país donde la representación se ha vuelto tan frágil que cualquier visita partidaria puede terminar convertida en ceremonia de ajuste.
Lo de Macarí no es una postal folclórica ni una anécdota regional. Es una señal de alarma. Cuando la política activa sanciones físicas y no deliberación, la democracia deja de discutir y empieza a descomponerse.
Reflexión final
Ni Keiko debería necesitar escolta moral para hacer campaña, ni una autoridad debería terminar a chicotazos por acompañarla. Pero si el país ha llegado a ese punto, la pregunta ya no es solo quién gana votos. La pregunta más grave es cuánto territorio ha perdido la democracia frente al resentimiento, la impotencia estatal y la política que insiste en caminar sobre heridas que nunca quiso entender. (Foto: Radio Yaravi).