En el Perú, el estado de emergencia dejó de ser una herramienta extraordinaria para convertirse en una rutina administrativa. Se anuncia, se prorroga y se repite con la misma solemnidad con la que se ignoran sus resultados. El Gobierno insiste en presentar estas medidas como una respuesta firme frente a la criminalidad, pero la realidad se encarga de desmontar el discurso. Este 1 de abril, Trujillo volvió a estremecerse con un atentado con explosivos contra una mueblería que ya había sido atacada días antes; en Puente Piedra, una pasajera murió y al menos dos personas resultaron heridas tras un ataque armado contra un bus; y en Ventanilla, un obrero fue asesinado a plena luz del día mientras trabajaba. Todo esto bajo estado de emergencia. Todo esto con el Estado presente en el papel, pero ausente en los resultados.
Aquí ya no estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón. El crimen ha dejado de reaccionar ante el Estado y ha empezado a convivir con él. En Trujillo, las mafias regresan a los mismos negocios para atacar por segunda vez en menos de una semana. En Lima, los sicarios disparan contra transporte público en plena hora de circulación. En el Callao, un trabajador puede ser ejecutado frente a testigos sin que exista una capacidad real de respuesta inmediata. Esa repetición no es casualidad: es el síntoma de que el control territorial no lo tiene el Estado, sino las organizaciones criminales.
Frente a este escenario, el gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 30 días más el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. La medida permite restringir derechos, reforzar la presencia policial y militar, y activar mecanismos excepcionales. Pero el problema no es la norma. El problema es la eficacia. Cuando una herramienta extraordinaria se aplica una y otra vez sin alterar el comportamiento del delito, deja de ser una estrategia y se convierte en una coartada. Sirve para demostrar acción, pero no para garantizar seguridad.
La continuidad de esta lógica no es nueva. Desde Pedro Castillo, pasando por Dina Boluarte, luego José Jerí y ahora Balcázar, el país ha transitado por una misma fórmula: endurecer el discurso, militarizar el espacio público y esperar resultados que nunca llegan. Mientras tanto, el crimen se reorganiza, diversifica sus métodos y amplía su radio de acción. Extorsión, sicariato, atentados con explosivos, cobros ilegales: todo forma parte de una economía criminal que ya no se esconde, sino que opera con una peligrosa sensación de impunidad.
Más grave aún es el mensaje que se instala en la ciudadanía. Cuando una persona ve que un bus es atacado, que un negocio es destruido o que un trabajador es asesinado en plena vía pública —y todo ello ocurre bajo estado de emergencia—, la conclusión es inevitable: las medidas excepcionales no están protegiendo a nadie. Se restringen derechos, pero no se recupera la seguridad. Se despliega fuerza, pero no se restablece el orden.
Y en ese vacío, el crimen gana algo más que territorio: gana legitimidad silenciosa. Porque cuando el Estado no resuelve, la gente deja de esperar que lo haga.
El Perú sigue sangrando no por falta de decretos, sino por falta de resultados. El estado de emergencia se ha transformado en una herramienta repetitiva que no corrige el problema de fondo: la ausencia de una estrategia integral, sostenida y efectiva contra el crimen organizado. Mientras el Ejecutivo insiste en prorrogar la misma fórmula, la violencia sigue marcando la agenda nacional.
Reflexión final
Un país no se pacifica por decreto. Se pacifica con inteligencia, gestión, control real del territorio y decisiones que rompan la estructura del crimen, no que la acompañen. Hoy, el Perú enfrenta algo más grave que la delincuencia: enfrenta el riesgo de acostumbrarse a ella. Y cuando un país normaliza el miedo, deja de exigir soluciones y empieza a sobrevivir. Ese es el verdadero fracaso que no puede seguir prorrogándose. (Foto: Andina).