El Poder Judicial ha renovado la orden de búsqueda y captura contra Vladimir Cerrón en el caso de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre. La medida, en el papel, reafirma que la justicia mantiene activa la persecución contra quien afronta un proceso por organización criminal y lavado de activos. Pero en la realidad, el dato más perturbador sigue siendo otro: la captura no se concreta. Y cuando el Estado renueva órdenes, activa alertas y comunica a Interpol, pero aun así no logra ejecutar lo resuelto, el problema deja de ser solo judicial y se convierte en una vergüenza institucional .
La resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria responde al vencimiento de las órdenes anteriores y dispone nuevas acciones de ubicación, captura y conducción a nivel nacional, además de la comunicación respectiva a Interpol. Sobre Cerrón pesa una prisión preventiva de 24 meses vigente desde diciembre de 2023, y sus intentos por revertirla mediante apelaciones, casación y hábeas corpus han sido parte de una secuencia legal que mantiene vivo el caso y la controversia pública .
Pero aquí el problema central no es la existencia de más resoluciones. El problema es la impotencia del Estado para cumplirlas. Porque un país donde uno de los prófugos más notorios sigue fuera del alcance de la Policía no puede hablar con seriedad de autoridad. La ley no se fortalece cada vez que se firma una renovación de captura; se fortalece cuando el mandato judicial se ejecuta. Lo demás corre el riesgo de parecer una formalidad repetida ante una incapacidad que el país ya no debería tolerar.
La situación se vuelve aún más inquietante cuando, paralelamente, aparecen episodios que alimentan la sospecha pública. La Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae a favor de Cerrón, mientras el Tribunal Constitucional quedó envuelto en polémica por la difusión de una supuesta sentencia favorable en el hábeas corpus del líder de Perú Libre. Luego vinieron aclaraciones, investigaciones internas y anuncios de revisión. Pero el daño institucional ya estaba hecho: otra vez, el país tuvo que preguntarse si alrededor de un prófugo de alto perfil la justicia funciona con firmeza o con demasiadas zonas grises .
Y mientras tanto, la Policía ofrece S/500.000 por información que permita su captura. La cifra es alta, pero también deja una pregunta incómoda: ¿cómo puede seguir libre alguien tan visible políticamente, con un caso tan conocido y con tanto despliegue oficial anunciado? Allí no basta hablar de complejidad operativa. También hay que hablar de eficacia, de voluntad y de resultados. Porque si el Estado no puede capturar a quien toda la nación sabe que está prófugo, el mensaje hacia la ciudadanía es devastador: hay órdenes judiciales que existen, pero no necesariamente se cumplen.
La renovación de la búsqueda y captura contra Vladimir Cerrón confirma que la justicia no ha renunciado al caso. Pero también confirma algo más incómodo: la distancia entre lo que el Poder Judicial dispone y lo que el aparato estatal logra hacer realidad.
Reflexión final
Un país no humilla su autoridad solo cuando absuelve mal o investiga poco. También la humilla cuando deja que un prófugo emblemático convierta la fuga en rutina y a la captura en promesa pendiente. Porque cuando el Estado persigue sin alcanzar, no solo se desgasta una orden judicial. Se desgasta la confianza de toda una sociedad en que la ley vale para todos.(Foto: El Comercio).