El informe de UNICEF sobre los planes de gobierno no debería pasar como una noticia más de campaña. Debería caer como una acusación silenciosa contra una clase política que vuelve a hablar de la infancia solo donde le conviene. Sí, casi todos los candidatos mencionan educación, nutrición, agua segura e infraestructura escolar. Suena responsable, luce correcto y encaja bien en cualquier discurso. Pero cuando se revisa el contenido con seriedad, aparece una omisión inquietante: la salud mental y la violencia infantil siguen fuera del corazón de las propuestas. En otras palabras, la niñez sí entra al libreto electoral, pero no entra completa.
La paradoja es cruel y reveladora. Según el análisis de UNICEF, el 97% de los planes menciona aprendizajes básicos, el 94% habla de anemia y desnutrición, el 92% de acceso al agua segura y el 83% de infraestructura educativa. Todo eso importa, por supuesto. Pero también es lo más visible, lo más comunicable y lo menos incómodo. Se promete lo que se puede mostrar. Se prioriza lo que se puede inaugurar. Se enfatiza lo que puede traducirse en una foto, una cifra o un titular optimista.
El problema empieza cuando la política debe mirar la parte más dolorosa de la infancia peruana. Allí el compromiso se encoge. La salud mental aparece apenas en una parte reducida de los planes. El embarazo adolescente y la exposición de niños y adolescentes a desastres también quedan en márgenes demasiado pequeños. Y lo más grave: aunque varios documentos mencionan la violencia en el hogar o la violencia sexual, solo dos incluyen presupuesto específico para prevenirla. Dos. Esa cifra no es un detalle técnico. Es una declaración política brutal. Significa que el problema puede ser reconocido en el papel, pero no necesariamente será atendido en la práctica.
Y eso importa porque, en política pública, lo que no tiene presupuesto casi nunca tiene destino. Se puede escribir una línea, lanzar una promesa o incorporar una frase sensible en un plan. Pero si no hay recursos, equipos, metas, institucionalidad y continuidad, todo eso queda reducido a una forma elegante de evasión.
Hablar de violencia infantil implica aceptar que el país falla donde más debería proteger: en la casa, en la escuela, en el barrio, en la comisaría, en el sistema judicial y en el propio Estado. Implica aceptar que hay niñas violentadas, niños traumatizados, adolescentes captados por redes criminales y familias enteras atravesadas por el miedo, la precariedad o el abandono. Hablar de salud mental exige reconocer que el sufrimiento infantil no siempre se ve, pero deja marcas profundas. Un niño no solo necesita alimentación, matrícula y uniforme. También necesita cuidado, escucha, contención, entorno seguro y una red pública que no lo deje solo frente al daño.
Pero esa agenda no resulta cómoda en campaña. No llena plazas. No se grita en un mitin. No tiene la facilidad de una promesa de cemento ni el atractivo inmediato de una obra pública. Exige trabajo intersectorial, inversión constante, personal especializado y una visión de largo plazo. Exige, sobre todo, asumir que la protección de la infancia no puede seguir siendo un tema decorativo.
Más preocupante aún es el casi nulo lugar que recibe la niñez frente a emergencias y desastres. En un país golpeado de manera recurrente por lluvias, huaicos, inundaciones y respuestas estatales débiles, dejar a niños y adolescentes fuera de la gestión del riesgo no es solo una omisión: es una forma de irresponsabilidad sostenida. En cada emergencia aumentan la interrupción escolar, el deterioro de la salud mental, el riesgo de abuso, el desarraigo y el abandono. Y sin embargo, la mayoría de candidatos sigue tratando ese universo como si fuera periférico.
Allí está la verdadera denuncia que deja UNICEF. No es que la infancia no exista en los planes. Existe, pero fragmentada. Se la atiende en lo que da rédito político y se la posterga en lo que exige valentía, profundidad y dinero. Se la menciona en lo básico y se la abandona en lo crítico.
La política peruana vuelve a demostrar que sabe hablar de los niños sin hablar realmente de todo lo que los amenaza. Y esa forma de omisión es más grave de lo que parece, porque convierte la protección infantil en una promesa parcial y la deja a merced del siguiente olvido gubernamental.
Reflexión final
Una democracia se mide también por la seriedad con la que protege a quienes no votan, no marchan y no hacen campaña: sus niños. Si la salud mental y la violencia infantil siguen fuera del centro de los planes de gobierno, entonces el problema no es solo programático. Es ético, institucional y profundamente humano. Porque lo que hoy se omite en campaña, mañana reaparece convertido en dolor, silencio y una nueva generación obligada a crecer con menos Estado del que merecía. (Foto: Psyciencia.com).