Cuando el producto más consumido en la dieta de millones de peruanos queda bajo sospecha de concertación de precios, el problema deja de ser un expediente administrativo y se convierte en una señal de alarma nacional. La investigación abierta contra cinco empresas avícolas por una presunta coordinación para fijar el precio del pollo vivo en el norte del país no golpea solamente a un sector económico: golpea al bolsillo de las familias, a la confianza del consumidor y a la credibilidad de un mercado que debería regirse por la competencia, no por arreglos entre pocos. Si las sospechas se confirman, no estaríamos frente a una irregularidad menor, sino ante una práctica que habría puesto de rodillas a un producto esencial para la mesa popular.
La gravedad del caso radica, en primer lugar, en la concentración del mercado. Las empresas investigadas habrían controlado más del 80% de la producción conjunta de pollo vivo en Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca. Esa magnitud ya plantea un escenario delicado. Pero cuando a esa concentración se suman indicios de coordinación para incrementar y sostener precios, el asunto adquiere una dimensión mucho más seria. No se trataría solo de un mercado dominado por pocos, sino de un mercado donde esos pocos habrían actuado, presuntamente, como si el consumidor no tuviera escapatoria.
Y allí aparece el aspecto más perturbador del caso: el mecanismo. Según lo difundido, las coordinaciones se habrían realizado mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, y el cumplimiento del acuerdo se habría monitoreado a través de los propios vendedores. Si esto se comprueba, estaríamos ante una forma de control del mercado tan directa como reveladora: no una oscilación natural de precios, sino una vigilancia organizada para que nadie se saliera del libreto acordado. Es decir, una competencia convertida en simulacro.
Lo más grave es que el producto bajo sospecha no es secundario ni de consumo restringido. El pollo constituye la principal proteína animal en la dieta nacional. Su consumo per cápita supera los 50 kilos al año y representa más de la mitad del abastecimiento de carnes en el país. Por eso, cualquier manipulación sobre su precio no afecta solo estadísticas empresariales. Afecta la capacidad de compra de los hogares, especialmente de aquellos que viven ajustando cada sol para llegar a fin de mes. En un país donde comer ya es un desafío para demasiadas familias, alterar el valor de un alimento básico no es solo una infracción económica: es una agresión silenciosa contra la vida cotidiana.
Este caso vuelve a exhibir una verdad incómoda: demasiadas veces, en el Perú, la libre competencia funciona como discurso, pero tropieza cuando debe defender al ciudadano frente al poder económico concentrado. El consumidor suele llegar tarde a estas historias. Primero paga más, después sospecha, luego se indigna y finalmente espera que una autoridad confirme si fue o no perjudicado. Pero el daño ya ocurrió. Porque cuando el mercado se acomoda entre pocos, la parte más frágil de la cadena siempre termina siendo la población.
Por eso, la respuesta institucional no puede ser tibia ni burocrática. Indecopi tiene la obligación de investigar con firmeza, sin contemplaciones y con total transparencia. Las empresas investigadas tienen, por supuesto, derecho a defenderse. Pero el país también tiene derecho a saber si durante meses o años el precio de un alimento fundamental estuvo condicionado por pactos ilícitos en vez de por reglas limpias de competencia.
La sospecha de un nuevo cártel del pollo no debería ser tratada como una noticia pasajera. Es un caso que toca directamente la economía familiar, la confianza pública y la ética de los mercados. Si se confirma la concertación, el mensaje debe ser claro: no se puede jugar con el alimento de la gente como si fuera una simple variable comercial.
Reflexión final
En un país desigual, el precio del pollo no es un dato menor: es parte de la supervivencia diaria. Por eso, cuando cinco avícolas aparecen bajo sospecha de concertar precios, lo que está en discusión no es solo un posible abuso empresarial. Está en discusión algo más profundo: si el mercado sirve a la sociedad o si, una vez más, la sociedad termina pagando el costo de arreglos hechos a puerta cerrada. (Patec. Org).