En Arequipa, un hecho reciente ha puesto en evidencia un dilema que ninguna sociedad puede evadir: ¿hasta dónde llega la libertad de los padres cuando está en juego la vida de un hijo? Un juez ordenó una transfusión urgente a un recién nacido internado en la UCI neonatal, luego de que sus padres se opusieran al procedimiento por motivos religiosos. El menor, con diagnóstico crítico —peritonitis, shock séptico y anemia severa—, necesitaba intervención inmediata para sobrevivir. La decisión judicial no solo salvó una vida, también recordó un principio básico: la vida no es negociable.
El fallo del juez fue claro y necesario. La libertad religiosa, como cualquier derecho, tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales como la vida y la salud, más aún si se trata de un recién nacido que no puede decidir por sí mismo. En este caso, la negativa de los padres no era una simple expresión de fe, sino una decisión que, en la práctica, podía interrumpir un tratamiento vital.
Aquí no se trata de cuestionar creencias, sino de evitar que estas se conviertan en un obstáculo para la medicina cuando el riesgo es inminente. Un bebé de días de nacido no puede ser sometido a un dilema que no comprende. No puede elegir entre una convicción espiritual y un procedimiento médico. Por eso existe el Estado: para intervenir cuando la protección de la vida exige una decisión firme.
Lo preocupante es que este no es un caso aislado, sino un reflejo de una tensión más amplia entre ciencia, cultura y creencias. En muchos contextos, la desinformación, el miedo o la interpretación rígida de principios religiosos terminan desplazando la evidencia médica. Y cuando eso ocurre en situaciones críticas, el costo no es ideológico: es humano.
El juez, al trasladarse personalmente al hospital para notificar su resolución, entendió la urgencia. No había espacio para la burocracia ni para interpretaciones ambiguas. Cada minuto contaba. Y esa acción, más que simbólica, fue una respuesta directa a un sistema que muchas veces llega tarde.
Este caso también deja una advertencia incómoda: no todo lo que se ampara en la libertad individual es automáticamente legítimo cuando afecta a terceros vulnerables. Y no hay grupo más vulnerable que un recién nacido en estado crítico.
La decisión judicial en Arequipa no es un exceso de autoridad. Es, por el contrario, una expresión necesaria del rol del Estado en la protección de la vida. Cuando los derechos colisionan, la prioridad debe ser clara: primero la vida, luego cualquier otra consideración.
Reflexión final
Una sociedad se mide por cómo protege a quienes no pueden defenderse. Si un recién nacido depende de una decisión adulta para vivir, esa decisión no puede estar condicionada por creencias cuando la ciencia ofrece una alternativa clara. La fe puede guiar conciencias, pero no debería definir la supervivencia de quien aún no tiene voz. (Foto: Infobae).