En el Perú, la confianza pública se ha vuelto un bien escaso. No sobra en el Congreso, no sobra en los partidos, y ciertamente no sobra cuando se habla de instituciones electorales. Por eso, cada vez que un candidato levanta la voz contra la ONPE, el hecho no puede despacharse como un simple exceso verbal. Rafael López Aliaga ha convertido su cuestionamiento al jefe del organismo electoral en una bandera política, y lo ha hecho con un tono frontal, provocador y áspero. El fondo del asunto, sin embargo, va mucho más allá de una frase altisonante: revela el nivel de desgaste de un sistema en el que ya casi nadie concede confianza de manera automática.
López Aliaga ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: cuando las instituciones no logran blindarse con credibilidad, terminan expuestas a la sospecha permanente. Y en el Perú esa sospecha no nace de la nada. Nace de años de crisis, de arbitrariedades, de tecnócratas que se escudan en la norma pero rara vez explican con claridad, y de ciudadanos que sienten que siempre deben creer, obedecer y callar. En ese terreno, cualquier denuncia prende rápido, porque encuentra una sociedad cansada de pedir transparencia y recibir burocracia.
Ahora bien, una cosa es cuestionar con firmeza y otra muy distinta incendiar el escenario. Allí está la delgada línea que la política peruana suele cruzar con entusiasmo. Cuando el debate electoral se convierte en una guerra de deslegitimaciones, el ciudadano queda atrapado entre dos fuegos: por un lado, autoridades que exigen confianza; por otro, candidatos que convierten la desconfianza en combustible. El resultado no es más democracia, sino más incertidumbre.
Pero también sería ingenuo fingir que toda crítica al aparato electoral equivale a un atentado contra la institucionalidad. No. La vigilancia es saludable. El control político es legítimo. El reclamo frente a decisiones opacas o procedimientos cuestionables no debería escandalizar a nadie. De hecho, una democracia madura no le teme al escrutinio; le teme al silencio complaciente. El problema aparece cuando la indignación reemplaza a la prueba, y cuando la denuncia deja de buscar verdad para transformarse en estrategia.
En el fondo, esta escena retrata una tragedia nacional: en vez de discutir propuestas, seguridad, economía o gobernabilidad, seguimos atrapados en la pelea por quién administra mejor la sospecha. Y eso dice más del sistema que de un solo candidato. Porque cuando el árbitro genera dudas y el jugador apuesta por el choque, lo que se debilita no es una oficina ni una campaña: se debilita la fe pública.
López Aliaga ha expresado, a su manera, un malestar real que existe en un sector del país. Negarlo sería tan irresponsable como santificar cualquier exabrupto. La crítica a la autoridad electoral puede ser válida; lo que debe exigirse siempre es que esté acompañada de sustento, responsabilidad y sentido democrático.
Reflexión final
El Perú necesita instituciones que inspiren respeto de verdad, no obediencia por cansancio. Y necesita políticos que fiscalicen sin convertir cada proceso en una hoguera. Porque cuando la política se alimenta solo de sospechas, el ciudadano deja de elegir con esperanza y empieza a votar con miedo. Y una democracia sostenida por miedo siempre está a un paso del abismo. (Foto: Jornada).