¿Qué pasará con los partidos que no superen la valla electoral?

Este 12 de abril no solo se decidirán cargos públicos; también se dictará sentencia sobre decenas de partidos que podrían desaparecer del escenario político si no logran superar la valla electoral. Lo que está en juego no es únicamente un requisito normativo: es la supervivencia de organizaciones que durante años han ocupado espacio en la vida democrática sin demostrar arraigo, consistencia ni verdadera representación nacional. La valla electoral, en este contexto, deja de ser una cifra y se convierte en una prueba de legitimidad.

La legislación electoral establece que los partidos que no alcancen el porcentaje mínimo de votos válidos ni el número exigido de representantes en Senado y Diputados perderán su inscripción oficial. En términos jurídicos, el objetivo es impedir la fragmentación parlamentaria; en términos políticos, significa separar a quienes tienen respaldo real de quienes sobreviven apenas como membretes electorales.

La medida responde a una necesidad evidente. El Perú ha padecido durante años un sistema saturado de agrupaciones improvisadas, creadas no para construir institucionalidad, sino para servir de vehículo a candidaturas personales, alianzas pasajeras o intereses coyunturales. La proliferación de estas estructuras ha degradado el debate público, debilitado la gobernabilidad y convertido la representación política en un terreno marcado por la volatilidad y el oportunismo.

La valla electoral cumple una función racional: reducir la atomización del poder legislativo. Un Congreso dividido en múltiples bancadas pequeñas rara vez produce estabilidad; más bien genera bloqueos, pactos efímeros y crisis recurrentes. En ese sentido, exigir un umbral mínimo fortalece la posibilidad de mayorías más coherentes y un sistema menos caótico.

Sin embargo, el problema no termina allí. La depuración que impone la valla también revela el fracaso acumulado de la política peruana para construir partidos sólidos. No basta con expulsar a quienes no llegan al mínimo exigido si las agrupaciones que permanecen arrastran las mismas carencias: liderazgos personalistas, débil democracia interna, ausencia de cuadros técnicos y escasa conexión con la ciudadanía.

Más aún, existe una contradicción delicada: partidos que logren votos significativos en determinadas regiones podrían quedar fuera si no alcanzan simultáneamente el umbral nacional. Así, miles de votos válidos pueden perder traducción efectiva en representación. El sistema corrige dispersión, sí, pero también corre el riesgo de estrechar el pluralismo y reducir voces legítimas.

Desde esta editorial sostenemos que la valla electoral es necesaria, pero no debe celebrarse como solución definitiva. Es un filtro indispensable frente al desorden, pero insuficiente frente a la crisis estructural de representación. No se trata solo de eliminar partidos débiles; se trata de impedir que la política siga siendo ocupada por organizaciones sin proyecto, sin ideología clara y sin compromiso democrático duradero.

La desaparición de varios partidos no debería interpretarse como una tragedia institucional, sino como el resultado natural de una política que ha permitido demasiado tiempo la existencia de agrupaciones sin sustancia. Lo verdaderamente alarmante no es que desaparezcan ahora, sino que hayan podido competir durante años sin representar genuinamente a nadie.

¿Qué pasará con los partidos que no superen la valla electoral? Saldrán del registro, perderán presencia nacional y quedarán relegados al margen de la competencia política. Pero su caída será también el retrato de una democracia que ha tolerado demasiada improvisación y demasiada ficción partidaria.

Reflexión final
La valla electoral no debería verse como castigo, sino como advertencia. Una democracia seria no puede sostenerse sobre partidos de alquiler, estructuras efímeras ni candidaturas sin nación detrás. Si esta elección reduce el ruido y obliga a reconstruir una política más responsable, entonces la valla habrá cumplido una tarea mayor: recordarle al país que representar no es figurar en una cédula, sino merecer la confianza de una ciudadanía que ya no puede seguir votando entre sombras.