Hay heridas que el tiempo no cierra porque nunca tuvieron justicia. El caso de los miles de peruanos que confiaron sus ahorros a RBC, bajo la promesa de convertirse en socios del llamado “Canal del Pueblo”, no es solo un episodio olvidado de la televisión peruana: es una deuda moral que sigue respirando en silencio. Cuatro décadas después, mientras Ricardo Belmont vuelve a buscar poder político, resurgen también las voces de quienes no recibieron dividendos, explicaciones ni devolución alguna, sino apenas certificados sin valor y mayólicas convertidas en símbolo de una confianza rota.
Lo más grave de esta historia no es solo la pérdida económica. Es la dimensión humana del engaño. Detrás de las cifras —cerca de 100 mil peruanos, más de tres millones de dólares recaudados— hay personas concretas, familias enteras que apostaron sus ahorros creyendo en una promesa pública. No hablaron con un desconocido. Le creyeron a una figura mediática que se presentaba como cercana, popular y comprometida con el país. Esa es precisamente la fibra más delicada del caso: cuando la imagen pública se usa como capital para convocar confianza, la responsabilidad ética deja de ser un detalle y se convierte en obligación.
La escena de una mujer de 91 años, guardando durante décadas unas mayólicas blancas con el logo de RBC, resume mejor que cualquier expediente judicial la tragedia de este caso. No es solo un objeto. Es la evidencia física de una promesa incumplida. Es la decoración involuntaria del fracaso institucional. Es el retrato de un país donde demasiadas veces los poderosos administran relatos y los ciudadanos cargan las pérdidas.
Aquí no estamos ante una simple mala inversión ni ante un negocio que salió mal y punto. Estamos frente a una historia marcada por opacidad, frustración y una lucha interminable por recuperar lo que fue entregado de buena fe. Que decenas de miles de personas jamás hayan recibido información clara sobre el destino de sus aportes revela algo más profundo que un problema empresarial: expone la facilidad con que en el Perú se normaliza el abuso cuando viste traje, micrófono o candidatura.
Un país que pretende tomarse en serio la ética pública no puede mirar hacia otro lado cuando una figura política arrastra una historia así. No basta con el olvido, no basta con el carisma, no basta con reciclar el discurso de siempre. La memoria de las víctimas también vota, también acusa y también exige respuesta.
Reflexión final
La política no puede convertirse en refugio de cuentas pendientes ni en lavandería moral de viejas deudas. Porque cuando una sociedad permite que el poder tape la responsabilidad, no solo abandona a las víctimas de ayer: se prepara para fabricar nuevas víctimas mañana. (Foto: Infobae).