A las puertas de una nueva elección general, el Perú enfrenta una realidad que no admite más evasivas: la minería ilegal se ha convertido en uno de los desafíos más graves y persistentes que heredará el próximo gobierno. No estamos ante un problema secundario ni ante una actividad marginal. Se trata de una economía ilícita que ya no solo destruye bosques, contamina ríos y degrada ecosistemas, sino que también se articula con redes de lavado de activos, violencia, corrupción y deterioro de la seguridad nacional. Por ello, lo que está en juego no es únicamente una agenda ambiental, sino la capacidad misma del Estado para ejercer autoridad y defender el interés público.
Los datos revelan la magnitud del problema. En 2025, la minería ilegal movilizó más de 11,500 millones de dólares, consolidándose como una de las economías ilícitas más lucrativas del país. A ello se suma que la Unidad de Inteligencia Financiera la identifica como una de las principales fuentes de lavado de activos. Sin embargo, pese a su gravedad, el tema no ha recibido en la campaña electoral la centralidad que merece. Por el contrario, diversos especialistas advierten que una parte importante de los partidos presenta propuestas insuficientes, genéricas o, sencillamente, omite abordar el problema con la claridad y firmeza que exige la coyuntura.
Ese vacío no es casual ni inocente. Refleja una preocupante falta de comprensión del fenómeno, pero también deja abierta una sospecha más incómoda: que ciertos sectores políticos prefieren no confrontar con firmeza una actividad que ha acumulado poder económico, influencia territorial y capacidad de presión.
La minería ilegal no puede seguir siendo tratada como un problema aislado o meramente extractivo. Sus efectos son múltiples y profundos. En lo ambiental, deja un rastro de deforestación, mercurio y devastación sobre territorios altamente vulnerables. En lo social, impacta a comunidades enteras, afecta la salud pública y altera las economías locales. En lo criminal, alimenta circuitos de financiamiento ilícito que se conectan con narcotráfico, tráfico de armas y otras redes ilegales.
Uno de los aspectos más alarmantes es el daño humano. Los estudios citados sobre comunidades indígenas de la cuenca del Nanay muestran una exposición generalizada al mercurio, incluso en niños y mujeres en edad reproductiva. Esto demuestra que no se trata solo de una amenaza futura o abstracta: sus consecuencias ya están instaladas en la vida cotidiana de poblaciones concretas, muchas veces alejadas de la atención del poder central.
Lo más inquietante es que, mientras el problema avanza, la respuesta estatal sigue fragmentada, débil o tardía. No existe todavía una articulación eficaz entre instituciones, ni un sistema de control suficientemente riguroso sobre plantas de beneficio, insumos y comercialización del oro. Allí donde el Estado falla, la ilegalidad se organiza, se financia y se fortalece.
Desde esta editorial consideramos que la minería ilegal representa una de las pruebas más severas para el próximo gobierno. No bastará con operativos aislados, anuncios públicos ni promesas de campaña. Se necesitará una política integral, sostenida y con verdadera voluntad de ejecución. Ello implica fortalecer la rectoría del Estado, diferenciar con claridad la pequeña minería de las estructuras criminales, controlar el flujo de insumos críticos, supervisar el origen del oro y construir una fiscalización interoperable entre las distintas entidades públicas.
Pero, sobre todo, implica decisión política. Porque la expansión de la minería ilegal no solo ha sido posible por ausencia de recursos o debilidad operativa, sino también por permisividad, desidia y falta de coraje institucional para enfrentar un negocio que ha crecido a la sombra de demasiados silencios.
La minería ilegal será, sin duda, uno de los grandes desafíos pendientes que heredará el próximo gobierno. No solo por sus efectos sobre el ambiente, sino por su capacidad de erosionar la salud pública, la economía formal, la seguridad y la autoridad del Estado. El país ya no necesita diagnósticos tibios ni medidas parciales. Necesita una respuesta proporcional a la magnitud del daño.
Reflexión final
Cuando una economía ilícita contamina ríos, enferma comunidades, financia redes criminales y penetra territorios donde la ley retrocede, ya no estamos ante un problema sectorial: estamos ante una amenaza nacional. El próximo gobierno tendrá la obligación de decidir si enfrenta esta herencia con firmeza o si la administra con la misma pasividad que permitió su expansión. Y en esa decisión no solo se jugará una política pública, sino la credibilidad misma del Estado frente a un país cansado de ver cómo la ilegalidad avanza mientras el poder apenas reacciona. (Foto: Nueva Minería).