Cuando la Fiscalía allana inmuebles de amigas y conocidos de José Jerí, el escándalo no radica solo en la imagen del operativo, sino en lo que esa imagen resume con brutal claridad: el poder, en el Perú, sigue teniendo la pésima costumbre de confundirse con la familiaridad, la confianza personal y el reparto discreto de oportunidades. No se trata de una simple coincidencia administrativa ni de una desafortunada suma de encuentros sociales. Se trata, otra vez, de la sospecha de que el Estado fue utilizado como plataforma para favorecer a quienes estaban más cerca del despacho correcto.
La investigación apunta a un presunto esquema de beneficios en contratos y órdenes de servicio durante la gestión de José Jerí. Y allí aparece el problema de fondo: en el país de la meritocracia declamada, siempre hay personas que, por misteriosa eficiencia del destino, logran pasar de una reunión en Palacio a una contratación pública con una velocidad que no conoce el ciudadano común. El libreto ya no sorprende por novedoso, sino por reincidente. Primero las visitas. Luego los contratos. Después las explicaciones. Finalmente, las renuncias adornadas con el argumento de la “capacidad profesional” y la queja por la “exposición pública”.
Lo verdaderamente irritante es que este tipo de episodios ya no escandaliza como debería. Se ha vuelto casi parte del paisaje nacional que el entorno del poder aparezca bajo sospecha por presuntos favorecimientos, como si la cercanía política fuera una aptitud técnica y la amistad una especialización reconocida por el Estado. Así, la función pública deja de ser un espacio de servicio y pasa a parecer una mesa de distribución para allegados, conocidos y beneficiarios de ocasión.
Aquí no basta con decir que será la justicia la que determine responsabilidades penales. Eso es evidente. Pero políticamente el daño ya está hecho. Porque cada indicio de favoritismo envía el mismo mensaje devastador al ciudadano: que mientras millones compiten con esfuerzo, requisitos y paciencia, hay otros que avanzan por la ruta corta de la proximidad al poder. Y esa es, precisamente, una de las formas más corrosivas de corrupción: no solo la que roba dinero, sino la que destruye la idea misma de igualdad ante el Estado.
Más grave aún es la naturalidad con la que estos episodios se repiten en un país agobiado por inseguridad, precariedad institucional y hartazgo moral. En vez de gobernar para reconstruir confianza, demasiados entornos de poder parecen empeñados en confirmar la sospecha de siempre: que el Estado sigue siendo visto como botín, no como responsabilidad.
El allanamiento de inmuebles de amigas y conocidos de José Jerí no solo busca pruebas. También desnuda una forma de ejercer el poder donde los afectos cercanos parecen moverse con más facilidad que los principios públicos. Y eso, en cualquier democracia seria, debería ser motivo de vergüenza política antes que de justificación apresurada.
Reflexión final
La corrupción no siempre se presenta con maletines ni escenas espectaculares. A veces adopta un rostro más refinado: una visita oportuna, una reunión reservada, una orden de servicio, un contrato conveniente. Por eso, cuando el círculo íntimo del poder aparece bajo investigación, lo que está en juego no es solo un expediente fiscal. Lo que está en juego es la última paciencia de un país cansado de comprobar que, para algunos, gobernar sigue significando favorecer a los suyos. (Foto: Noticias Trujillo).