La democracia no se quiebra solo con fraudes espectaculares; también se desgasta con torpezas graves, demoras injustificables y decisiones que convierten el derecho al voto en una carrera contra el desorden. La investigación preliminar que la Junta Nacional de Justicia abrió contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no cae del cielo ni responde a un capricho político: llega después de una jornada electoral marcada por el retraso en la entrega de material en Lima, una crisis que obligó a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril. La propia JNJ informó que el pleno aprobó por unanimidad iniciar la investigación y, además, solicitó un informe sobre el proceso de ratificación de Corvetto realizado en julio de 2024.
El problema no es menor. Cuando el material electoral no llega a tiempo, no se retrasa únicamente una operación administrativa: se compromete la credibilidad del sistema, se castiga al ciudadano que madruga para votar y se instala la sospecha de que el Estado puede fallar incluso en su deber más elemental. La ONPE reconoció públicamente las demoras y atribuyó el problema al incumplimiento de la empresa encargada del traslado de materiales, mientras su jefe pidió disculpas y solicitó ampliar el plazo de instalación de mesas y el horario de votación. Pero cuando una institución esencial terceriza una función crítica sin garantizar resultado, la responsabilidad no desaparece: cambia de manos, pero no se evapora.
Y allí empieza la parte incómoda. En el Perú, demasiadas veces la rendición de cuentas llega solo cuando el escándalo ya está en televisión, en radio y en la paciencia agotada de miles de ciudadanos. La investigación a Corvetto abre una discusión que va más allá de un funcionario: obliga a preguntarse cómo se supervisó la cadena logística, por qué no se detectó a tiempo el riesgo de incumplimiento y qué tan firme fue realmente el control previo sobre un proceso tan delicado. Porque si una elección necesita planes de contingencia de emergencia para corregir lo que debió estar resuelto antes del amanecer, entonces la falla no fue accidental: fue estructural.
El cuadro se volvió todavía más delicado con la detención en flagrancia de José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Antes de su detención, Samamé presentó su renuncia y reconoció en una carta las fallas logísticas que afectaron el despliegue del material electoral en diversos locales de votación de la capital. Ese dato confirma que no estamos ante una simple incomodidad operativa, sino ante una crisis de responsabilidad pública.
Que la JNJ investigue es correcto. Que se revise también el proceso de ratificación de Corvetto es necesario. Lo que sería inaceptable es reducir todo a una tormenta pasajera y fingir que basta con pedir disculpas para reparar una jornada que dejó al voto atrapado en la incompetencia.
Reflexión final
Una democracia seria no solo cuenta votos: también honra el tiempo, la confianza y la dignidad de quien va a sufragar. Cuando el ciudadano cumple y la institución falla, el problema deja de ser logístico. Se vuelve moral. Y allí, más que una explicación, lo que corresponde es responsabilidad. (Foto: Evidencia).