La pregunta que hoy circula —¿quién es Galaga, la empresa que retrasó el material electoral?— no es solo una curiosidad informativa. Es, en realidad, el sÃntoma de un problema mayor: la fragilidad con la que el Estado gestiona procesos crÃticos como unas elecciones. Porque cuando 75 locales de votación se ven afectados, cuando mesas no se instalan a tiempo y cuando miles de ciudadanos no pueden ejercer su derecho con normalidad, el foco no deberÃa quedarse únicamente en el nombre de una empresa. El foco debe ampliarse hacia todo el sistema que permitió que esto ocurra.
Servicios Generales Galaga no es una empresa improvisada ni desconocida en el aparato estatal. Acumula más de S/36 millones en contratos públicos y ha trabajado con distintas entidades, incluyendo la propia ONPE. Incluso registra penalidades previas por incumplimientos en servicios similares. Pese a ello, fue adjudicada con un contrato millonario para el traslado de material electoral en un proceso que, por definición, no admite margen de error.
El dato más inquietante no es solo el retraso, sino la evidencia de falta de previsión: a pocos dÃas de las elecciones, la empresa recién buscaba contratar 400 camiones para cumplir con el servicio. Esa decisión, por sà sola, revela una planificación deficiente en una tarea que exige precisión absoluta. Y cuando la logÃstica falla en una elección, no falla un servicio más: falla el soporte mismo del derecho al voto.
Las consecuencias fueron claras. La ONPE tuvo que activar un plan de contingencia, se reportaron mesas que no abrÃan por falta de material y finalmente se reconoció que 211 mesas no fueron instaladas, afectando a más de 63 mil votantes. Cada una de esas cifras representa algo más que un número: representa ciudadanos que encontraron obstáculos donde debÃa haber garantÃas.
Aquà es donde la discusión debe elevarse. No basta con señalar a Galaga. La pregunta de fondo es por qué una empresa con antecedentes de incumplimiento fue nuevamente contratada para una función tan sensible. Qué filtros fallaron, qué controles no se aplicaron y por qué el sistema permitió que una responsabilidad crÃtica quede expuesta a este nivel de riesgo.
La ONPE ha anunciado acciones legales y penales contra la empresa, y el Jurado Nacional de Elecciones ha exigido sanciones. Es un paso necesario, pero insuficiente. La responsabilidad no puede agotarse en el contratista. Debe incluir a quienes tomaron la decisión de adjudicar, supervisar y confiar en un servicio que terminó comprometiendo el proceso.
Reflexión final
En democracia, los errores logÃsticos no son neutrales. Cada retraso, cada mesa no instalada, cada ciudadano afectado erosiona la confianza en el sistema. Si el paÃs quiere elecciones que fortalezcan su institucionalidad, debe empezar por algo básico: garantizar que lo esencial funcione. Porque cuando el Estado falla en lo más simple, lo que se pone en duda no es solo la organización, sino la seriedad con la que se protege el voto. (Foto: ATV Noticias).