Lo ocurrido en esta jornada electoral no fue una simple suma de contratiempos. Fue un fracaso institucional de gran escala. Retrasos en la instalación de mesas, ausencia o tardanza del material electoral, ampliación del horario de votación, más de 180 mesas afectadas y más de 52 mil ciudadanos que no pudieron sufragar el domingo retratan una jornada opacada por el desorden y la improvisación. En Lima, varios locales reportaron demoras por falta de material electoral, y en San Juan de Miraflores incluso se registraron protestas de ciudadanos ante el cierre o la no apertura oportuna de centros de votación.
Una elección no admite ensayo general. Es el acto más delicado de una democracia, y precisamente por eso exige previsión, capacidad de respuesta y autoridad. Nada de eso quedó a la vista. Por el contrario, el país presenció una jornada marcada por el malestar ciudadano, la falta de logística suficiente y una organización incapaz de garantizar condiciones mínimas de normalidad. A ello se sumó el caos vehicular en zonas de alta concentración de electores y serios problemas en el voto en el exterior, como ocurrió en Santiago, donde se denunciaron largas colas y desorden en un solo local para más de 137 mil peruanos.
Si una elección termina extendiéndose a un segundo día por fallas que debieron ser previstas, entonces el problema ya no es técnico: es político e institucional. Lo que colapsó no fue solo una operación logística. Colapsó la confianza.
Cuando el material no llega a tiempo, cuando miles de ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto y cuando las autoridades reaccionan tarde frente al caos, lo que queda expuesto es una preocupante incapacidad para administrar el corazón mismo del sistema democrático. No se trata únicamente de desorden. Se trata de una cadena de errores que erosiona la credibilidad del proceso y alimenta una percepción devastadora: que el Estado exige al ciudadano responsabilidad cívica, pero no está a la altura de garantizarle un procedimiento serio.
Más grave aún es el mensaje que esto proyecta hacia el exterior. Mientras en otras ciudades del mundo se reportaba apertura total de mesas y un desarrollo sin mayores contratiempos, el Perú ofrecía imágenes de locales tensionados, electores frustrados y autoridades desbordadas. Esa diferencia no es anecdótica. Es la prueba de que el problema no fue la complejidad de votar, sino la deficiente organización de quienes tenían la obligación de hacerlo posible.
Y cuando un proceso electoral fracasa de esta manera, no basta con pedir comprensión ni repartir explicaciones administrativas. El cargo público no existe para administrar excusas. Existe para asumir responsabilidades.
Desde esta editorial sostenemos que lo sucedido exige renuncias y remociones inmediatas de los responsables políticos y operativos de este fracaso electoral. No por revancha, no por estridencia, sino por un principio elemental de responsabilidad pública. Si una jornada decisiva para la democracia deriva en caos, descrédito y necesidad de prolongación extraordinaria, quienes estaban al mando no pueden seguir actuando como si se tratara de una incidencia menor.
También corresponde una investigación exhaustiva sobre la cadena de decisiones que llevó a esta situación: planificación, distribución del material, contingencias, supervisión y respuesta en tiempo real. Lo contrario sería institucionalizar la impunidad administrativa.
El país no merece una democracia organizada a punta de improvisación. Lo ocurrido en esta jornada electoral no puede archivarse como una dificultad superada ni maquillarse como un tropiezo circunstancial. Fue un bochorno nacional con impacto internacional, y debe tener consecuencias.
Reflexión final
Cuando un ciudadano cumple, madruga, espera y aun así se encuentra con mesas afectadas, material tardío o un proceso suspendido de hecho, el Estado no solo le falla: le falta el respeto. La democracia no se debilita solo por el fraude o la violencia; también se debilita cuando la negligencia ocupa el lugar de la competencia. Y frente a una negligencia de esta magnitud, callar sería encubrir. Hoy más que nunca, el país no necesita explicaciones complacientes. Necesita responsables fuera del cargo. (Foto: lacajanegra.blog).