El recurso presentado por Rafael López Aliaga ante el Jurado Nacional de Elecciones no debería ser leído únicamente como un movimiento de defensa electoral. Antes que eso, expone un problema más grave: la afectación del derecho al voto en Lima Metropolitana por fallas operativas que el propio sistema no ha podido negar. El JNE dispuso ampliar el horario de votación en mesas donde no llegó material electoral, precisamente porque un número importante de electores no pudo sufragar en la jornada del 12 de abril. Cuando un Estado no logra garantizar algo tan elemental como que la mesa abra a tiempo y con material completo, no estamos ante un simple tropiezo logístico; estamos ante una señal preocupante de deterioro institucional.
Según la información difundida por RPP, López Aliaga sostuvo en su recurso que alrededor de 608 mil ciudadanos de Lima Metropolitana habrían visto afectado su derecho al voto debido a retrasos en la instalación de mesas, problemas logísticos y demoras extremas en la apertura de locales. El petitorio incluye, además, la suspensión de la proclamación del segundo y tercer lugar hasta que la ONPE entregue, en un plazo máximo de 72 horas, un informe detallado sobre las mesas que abrieron fuera del horario legal, el número de electores que no votaron por las colas y las causas del desabastecimiento de material electoral. Más allá del impacto político del pedido, el fondo del asunto obliga a una respuesta seria: si hubo ciudadanos que esperaron horas y terminaron retirándose sin votar, el sistema electoral tiene una deuda que no se salda con comunicados apresurados.
La democracia no se vulnera solo cuando se manipula un resultado; también se resiente cuando el aparato público vuelve excepcional lo que debería ser normal: votar sin obstáculos irrazonables. La precariedad organizativa, en un proceso electoral, no es una falta administrativa menor. Es una forma de exclusión cívica. Si el derecho al sufragio depende de cuánto resista una persona bajo el sol, en una cola interminable o frente a una mesa que no abre, el problema deja de ser técnico para convertirse en político y moral. En ese punto, el recurso de López Aliaga interpela al sistema completo, porque recuerda algo incómodo pero esencial: el voto no puede quedar sometido a la improvisación del Estado.
Desde esta tribuna, la exigencia debe ser clara. La ONPE y el JNE no pueden refugiarse en formalidades mientras persisten dudas sustanciales sobre la magnitud de la afectación. Tampoco corresponde trivializar el reclamo bajo el argumento fácil de que toda impugnación responde a intereses partidarios. El país necesita saber quién falló, por qué falló y por qué se permitió que una empresa señalada por incumplimientos volviera a quedar vinculada a una operación tan sensible como el traslado del material electoral. Reportes públicos han recordado que la empresa cuestionada ya había sido penalizada antes por la ONPE, lo que agrava la sospecha de desorden, supervisión deficiente y ligereza en la toma de decisiones.
Lo más inquietante de este episodio no es solo el recurso de un candidato, sino la costumbre de una parte del poder público de pedir calma antes de ofrecer explicaciones. En una democracia seria, primero se esclarecen los hechos; después se proclama normalidad. Si miles de ciudadanos vieron afectado su derecho al voto por fallas atribuibles al Estado, la respuesta no puede ser el silencio administrativo ni la resignación cívica. Debe ser la verdad, la responsabilidad y la corrección. Porque cuando el voto se vulnera por incompetencia oficial, lo que está en juego no es únicamente una elección: es la credibilidad entera del sistema democrático. (Foto: La Noticia.com).