Cuando Renovación Popular solicita al Jurado Nacional de Elecciones autorizar la publicación de las actas observadas, no está planteando un capricho partidario: está poniendo sobre la mesa una exigencia que debería ser elemental en cualquier democracia seria. El pedido surge en medio de un proceso cargado de tensión, con miles de actas bajo revisión y con un clima público deteriorado por retrasos, dudas e interpretaciones cruzadas. El problema ya no es solo electoral; es institucional. Cuando la información decisiva no se expone con claridad, la confianza comienza a vaciarse.
La solicitud apunta a la publicación íntegra de las actas observadas, impugnadas y remitidas a los Jurados Electorales Especiales. Según el pedido difundido, se trataría de 5,343 actas que comprometerían alrededor de 1.5 millones de votos. En paralelo, otros reportes señalan que miles de actas aún estaban pendientes de procesamiento y que una parte importante sería evaluada por los JEE. Eso revela una verdad incómoda: el tramo final del conteo no solo define resultados, también define la legitimidad política con la que esos resultados serán aceptados.
Aquí conviene decir algo con claridad: pedir transparencia no equivale a probar fraude. Pero negarse a transparentar sí alimenta sospechas, y eso también es grave. En un escenario electoral tan crispado, el JNE y la ONPE no pueden refugiarse en tecnicismos mientras la ciudadanía observa desde lejos una zona gris donde se mezclan actas observadas, demoras y explicaciones incompletas. El portal del JNE incluso cuenta con una plataforma de búsqueda de expedientes de actas observadas, lo que confirma que el problema existe y que debe ser explicado con mayor amplitud pública.
El fondo del asunto es todavía más serio. La democracia no se debilita únicamente cuando se vulnera el voto; también cuando se obliga al ciudadano a confiar sin ver. Si las instituciones electorales quieren contener el desgaste, deben abrir la información, detallar causales, mostrar documentos y facilitar fiscalización real. Lo contrario deja el campo libre a la especulación política, a la sospecha interesada y al deterioro del orden democrático. Además, observadores internacionales han señalado que el proceso fue ordenado pese a las demoras, lo que obliga a distinguir entre fallas que deben aclararse y acusaciones que requieren evidencia.
Renovación Popular ha puesto el dedo en una llaga que el sistema electoral no puede seguir cubriendo con comunicados insuficientes: las actas observadas deben dejar de ser un expediente opaco y convertirse en información plenamente accesible.
Reflexión final
La transparencia no puede ser selectiva ni tardía. Si el JNE quiere defender la legitimidad del proceso, debe entender que en tiempos de desconfianza la luz pública no es un riesgo: es una obligación. Porque cuando las actas quedan en sombra, la democracia empieza a parecerse demasiado a una promesa sin pruebas. (Foto: Yahoo Noticias).