En una elección, no basta con contar votos: hay que protegerlos. Por eso resulta especialmente grave que el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, haya desmentido públicamente a la ONPE y afirmado que las cédulas abandonadas no estuvieron resguardadas. La denuncia no apunta a un detalle menor ni a una falla anecdótica. Golpea el núcleo de cualquier proceso limpio: la cadena de custodia. Burneo sostuvo ante la Comisión de Fiscalización que el comunicado de la ONPE fue “falso” y que el traslado del material se hizo sin presencia policial ni fiscalización del JNE. Después, la propia ONPE terminó retractándose de su versión inicial.
Cuando una institución electoral primero ofrece una versión oficial y luego debe corregirla, el daño ya está hecho. No solo porque se abre un flanco de sospecha, sino porque se confirma algo más inquietante: que el sistema no falló en la periferia, sino en el manejo de material sensible. Las cédulas halladas en Surquillo no son simples papeles extraviados; son evidencia de una fragilidad operativa que compromete la confianza ciudadana. Y cuando la confianza entra en crisis, el conteo pierde legitimidad aunque el resultado siga su curso.
El problema, además, no aparece aislado. El propio Burneo recordó que la jornada electoral del 12 de abril ya había estado marcada por fallas logísticas y técnicas, al punto que se amplió la votación en 13 locales y 187 mesas, una medida calificada como inédita. También informó que hubo 24.867 incidencias a nivel nacional, 998 de ellas registradas el mismo día de la votación, además de retrasos en la entrega de actas observadas y 85 expedientes de nulidad electoral en evaluación. Es decir, las cédulas abandonadas no son una excepción pintoresca: son la postal más visible de un proceso con demasiadas grietas.
Aquí conviene actuar con rigor. Señalar estas irregularidades no significa alimentar teorías sin sustento ni convertir cada error en un fraude consumado. Pero tampoco corresponde maquillar la gravedad del hecho. Una democracia seria no pide fe; ofrece garantías. Y si una entidad organizadora no puede explicar con consistencia dónde estuvo el material, quién lo custodió y por qué se contradijo, entonces no estamos ante un tropiezo burocrático, sino ante una alarma institucional.
La desmentida del jefe del JNE a la ONPE revela algo más profundo que una disputa entre organismos: expone el deterioro de los estándares mínimos de transparencia electoral. Y cuando eso ocurre, la incertidumbre deja de ser técnica para convertirse en política.
Reflexión final
El país no necesita autoridades que se corrijan cuando ya fueron desmentidas. Necesita instituciones que custodien el voto con la misma seriedad con la que luego exigen confianza. Porque una cédula sin resguardo no solo compromete un trámite: compromete la fe pública. Y cuando la fe pública se abandona, la democracia también queda expuesta.