Perú sigue tiñéndose de sangre y José María Balcázar no ofrece una respuesta que esté a la altura de la emergencia real. Mientras el discurso oficial insiste en vender control, Lima volvió a vivir una noche de terror con tres atentados contra transportistas: dos choferes asesinados, un pasajero muerto y otro conductor gravemente herido. No fue un hecho aislado ni una “lamentable incidencia”; fue otra prueba de que el crimen organizado ya impone sus reglas en las calles mientras el Estado llega tarde, mal y apenas para el parte policial.
Lo ocurrido en Barrios Altos, Comas y San Juan de Miraflores retrata un país donde trabajar al volante puede costar la vida. En el Cercado de Lima, un ataque armado contra una cúster de “Los Moraditos” mató al conductor Óscar Francisco Mucha Valle y a un pasajero; ese mismo día, en Comas, fue baleado el chofer Christian David Llagas Maque, de 19 años, y en San Juan de Miraflores atacaron a Jhon Eddy Huamán Mamani mientras conducía su unidad. La extorsión ya no amenaza en voz baja: dispara en plena ruta y convierte el transporte público en un territorio donde el miedo viaja con boleto pagado.
Y frente a esa barbarie, el gobierno de Balcázar insiste en la vieja liturgia del fracaso: declaratorias de emergencia, anuncios solemnes y promesas de control que en la práctica no desactivan el negocio criminal. La declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao fue presentada como respuesta a la inseguridad, pero incluso en su momento fue cuestionada por su ineficacia y por repetir una receta que ya había fallado antes. En castellano simple: el crimen avanza y el poder responde con medidas que parecen redactadas para la conferencia, no para la calle.
Lo más grave es que ni siquiera el Estado parece saber con precisión cuánto ha avanzado el monstruo. Entre enero y marzo de 2026, la PNP reportó 3.891 denuncias por extorsión, mientras el Ministerio Público registró 5.966. La diferencia es de 2.075 casos, un desfase del 53%. Es decir, mientras los ciudadanos cuentan muertos, las instituciones todavía discuten cuántas denuncias existen realmente. Y un gobierno que no puede medir con seriedad el problema difícilmente puede resolverlo con eficacia.
Por eso el problema ya no es solo la delincuencia. El problema también es la pasividad política, la administración burocrática del horror y esa peligrosa costumbre de confundir presencia mediática con autoridad real. Cuando los dirigentes del transporte dicen que “la gente ya se cansó” y hasta evalúan armarse o contratar seguridad propia, lo que se oye no es una simple protesta: es el sonido de una ciudadanía que ha dejado de creer que el Estado puede protegerla.
Reflexión final
Perú se sigue tiñendo de sangre no solo porque hay criminales dispuestos a matar, sino porque hay un poder incapaz de impedirlo con resultados. Balcázar podrá hablar de estrategia, operativos y firmeza, pero las calles cuentan otra historia: choferes ejecutados, pasajeros expuestos y mafias cada vez más cómodas. Una república empieza a desmoronarse cuando trabajar, movilizarse o simplemente subir a una combi se vuelve un acto de fe. Y hoy, en demasiadas zonas del país, la ausencia del Estado ya no es una percepción: es una condena cotidiana.(Foto: lacajanegra.blog).