Cuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones declara ante el Congreso que se evaluarán “todas las incidencias”, incluso las que podrían llevar a una nulidad total del proceso, el país no escucha una frase cualquiera: escucha la dimensión real de la crisis. Roberto Burneo confirmó que el JNE revisa los pedidos de nulidad conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, en medio de un proceso ya golpeado por retrasos, mesas no instaladas y denuncias sobre el manejo del material electoral.
La gravedad no está solo en que existan pedidos de nulidad. La gravedad está en que el propio titular del JNE haya tenido que salir a explicar que las incidencias serán evaluadas una por una, mientras la confianza pública sigue deteriorándose. Burneo recordó que la ley prevé causales expresas de nulidad y que el organismo actuará garantizando el derecho al sufragio. Eso confirma que el asunto no pertenece al terreno de los rumores, sino al de la institucionalidad en tensión. La propia legislación electoral contempla la nulidad cuando se comprueban graves irregularidades que hubiesen modificado los resultados.
Pero el momento más delicado llegó cuando Burneo contradijo públicamente la versión de la ONPE sobre las cajas con material electoral halladas en la vía pública. Mientras la ONPE había afirmado que ese traslado se realizó con acompañamiento de un coordinador, un efectivo policial y un fiscalizador del JNE, Burneo sostuvo ante la Comisión de Fiscalización que no hubo ni fiscalizador, ni policía, ni vehículo registrado del sistema electoral. Horas después, la propia ONPE rectificó y reconoció que la información difundida inicialmente era inexacta. Eso ya no es solo desorden: es una señal institucional profundamente corrosiva.
Y allí está el núcleo del problema. Una democracia puede resistir una elección reñida. Lo que no resiste con facilidad es una elección administrada entre versiones contradictorias, fallas logísticas y explicaciones tardías. Si más de 60 mil ciudadanos se vieron inicialmente impedidos de votar por problemas de instalación de mesas y distribución de material, entonces no estamos frente a una anécdota burocrática, sino ante una herida concreta al derecho de sufragio.
Burneo ha hecho lo correcto al no descartar ninguna incidencia y al insistir en que todo será resuelto conforme a ley. Pero esa prudencia legal no puede ocultar lo esencial: el proceso electoral ya sufrió un daño serio en su credibilidad pública.
Reflexión final
La democracia no se quebranta solo cuando se anula una elección. También se deteriora cuando el ciudadano empieza a sospechar que nadie estuvo realmente al volante. Si el JNE va a evaluar hasta la nulidad total, es porque el sistema ya ha entrado en una zona de alarma. Y cuando votar deja de ser una certeza para convertirse en una contingencia, el país entero pierde algo más que tiempo: pierde confianza. (Foto: Willax).