Que la ONPE reporte 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima no es un detalle técnico para especialistas ni una nota al pie del proceso. Es una alerta institucional. Según La República, las incidencias afectaron actas de 41 mesas de sufragio en distintos distritos de la capital, con causas que van desde fallas en el sistema STAE hasta USB dañados o extraviados, además de problemas para integrar la información al sistema oficial. Todo fue derivado a los Jurados Electorales Especiales. El problema, entonces, no es solo que haya expedientes en trámite, sino que la cadena de resguardo del voto haya vuelto a mostrar fisuras en el momento más delicado.
Los distritos involucrados no son marginales ni aislados: Ancón, Ate, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Magdalena del Mar, Puente Piedra y San Miguel figuran entre las jurisdicciones con incidencias. En Magdalena del Mar se concentró el mayor número de casos, sobre todo por extravío de USB; en La Victoria también se registraron mesas afectadas por daños en esos dispositivos; y en La Molina hubo fallas del STAE que impidieron integrar correctamente los datos. Ese mapa de errores revela una verdad incómoda: el sistema no falló en un punto, sino en varios frentes a la vez.
Aquí conviene detenerse. Una elección democrática no depende solo del voto emitido, sino de que ese voto llegue, se procese y se custodie con rigor. El reglamento para el tratamiento de actas electorales de la ONPE existe precisamente para ordenar ese tránsito y garantizar la expresión fiel de la voluntad popular. Si aun así aparecen actas extraviadas, soportes dañados y mesas que no logran ingresar su información, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si el problema fue técnico, operativo o simplemente una negligencia que nadie previno a tiempo.
Y allí está el fondo político del asunto. No basta con decir que los casos fueron enviados al JEE y que el cronograma sigue su curso. El coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, ha señalado que cuando una observación no puede subsanarse, se procede al recuento, siempre que existan cédulas en sobres lacrados, y que esto no implica nulidad automática. Correcto. Pero una aclaración legal no reemplaza la obligación de rendir cuentas con absoluta transparencia cuando el país ya arrastra desconfianza, retrasos y cuestionamientos acumulados.
El voto no puede depender de memorias USB perdidas, sistemas que no integran información o expedientes que llegan tarde a revisión. La democracia exige más seriedad que eso.
Reflexión final
Lo grave no es solo que haya 80 actas entre siniestradas y extraviadas. Lo verdaderamente alarmante es que el país empiece a acostumbrarse a que el desorden electoral sea tratado como rutina administrativa. Cuando la organización falla, la confianza se extravía primero. Y una democracia que pierde confianza comienza a perder también autoridad moral ante sus ciudadanos.