Cuando una compra militar de miles de millones se ejecuta con más velocidad que transparencia, la pregunta deja de ser política y se vuelve moral: ¿por qué tanta prisa por cerrar la adquisición de los F-16? El problema no es únicamente el tipo de aeronave elegida ni el argumento geopolítico que pueda sostener la operación. El verdadero escándalo nace cuando el presidente José María Balcázar afirma públicamente que esa decisión debía quedar para el siguiente gobierno, pero el aparato estatal sigue avanzando como si esa oposición no existiera. Allí ya no estamos ante una simple diferencia de criterio, sino ante una señal inquietante de desorden, contradicción y poder fragmentado.
La urgencia se volvió todavía más sospechosa cuando se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco de la Nación, realizó un primer pago de US$ 462 millones por la compra de la primera flota de 12 aviones F-16, pese a que Balcázar había intentado frenar o postergar públicamente la operación. Reuters reportó que el presidente sostuvo que el desembolso debía quedar para la siguiente administración, pero el pago se ejecutó de todos modos. Es decir, mientras el jefe de Estado hablaba de prudencia política, la maquinaria del Estado ya estaba comprometiendo recursos públicos a gran velocidad. Esa escena no transmite autoridad; transmite una preocupante ruptura entre la palabra presidencial y los hechos administrativos.
Y allí aparece el punto más delicado. Si la compra era tan urgente por razones estratégicas, el Gobierno debió asumirla con claridad, defenderla de frente y explicar por qué no podía esperar. Pero ocurrió lo contrario: hubo versiones cruzadas, ministros que renunciaron, contratos firmados y un pago efectuado aun en medio de la oposición expresada por Balcázar. Associated Press informó que el contrato fue suscrito, pese a que el presidente había buscado dejar la decisión al próximo gobierno. No es extraño que la ciudadanía pregunte qué apuro había realmente. Porque cuando una decisión de esta magnitud avanza más rápido que su explicación pública, la sospecha no nace de la malicia ciudadana, sino del propio comportamiento del poder.
Además, la prisa no fue inocua. El País informó que la crisis derivó en la salida del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, ambos enfrentados con la manera en que el Ejecutivo manejó el caso. Eso confirma que no estamos ante una simple compra estratégica, sino ante una operación que terminó tensionando al gabinete, debilitando la palabra del Gobierno y proyectando al país como un Estado que firma, paga y luego duda en público sobre lo que acaba de hacer. Si la defensa nacional requiere firmeza, este episodio ha mostrado exactamente lo contrario: vacilación arriba y velocidad abajo.
El escándalo de los F-16 no está solo en el monto, ni siquiera en la elección del proveedor. Está en la prisa con la que se quiso cerrar la compra, en el pago realizado pese a la oposición pública del presidente y en la incapacidad del Gobierno para ofrecer una sola versión coherente sobre una decisión de Estado. Cuando el dinero corre más rápido que la verdad, la desconfianza despega sola.
Reflexión final
El Perú puede discutir si necesita o no esos aviones, si convienen más ahora o después, o si la apuesta geopolítica era correcta. Lo que no debería aceptar con normalidad es que se comprometan cientos de millones de dólares en medio de contradicciones oficiales y señales cruzadas de poder. Porque cuando se paga primero y se explica después, algo más que una compra militar queda en entredicho: queda en entredicho la seriedad con la que se gobierna.(Foto: Andina).