En el Perú de Dina Boluarte, el reloj no marca horas: marca delitos. Cada 19 minutos, una denuncia por extorsión se suma a la lista interminable de crímenes que el Estado observa desde su palco VIP, como si fuera un espectador más del desastre. Mientras tanto, la presidenta sin plan —y sin voluntad política— navega a la deriva en un mar infestado de bandas criminales, secuestradores, mineros ilegales y asesinos a sueldo. El país no está “en riesgo”: está tomado, colonizado, secuestrado… y parece que a Palacio le resulta más cómodo mirar para otro lado que enfrentar la realidad.
Los números no mienten, aunque el Gobierno intente maquillarlos con conferencias de prensa vacías: 15.989 denuncias por extorsión entre enero y julio de este año, un incremento del 30% respecto al mismo periodo anterior. En Tumbes, la cifra subió un 72%; en Piura, 56,3%; y en Lima Metropolitana, 54,5%. Este no es un brote esporádico, es la radiografía de un Estado descompuesto, incapaz de proteger a sus ciudadanos y cada vez más funcional al negocio del miedo.
Lo más perverso es que muchas de estas extorsiones se dirigen y coordinan desde el interior de las cárceles. Sí, desde esas mismas prisiones que deberían ser centros de reclusión, pero que en el Perú funcionan como oficinas del crimen con señal abierta y call center incluido. Y, en lugar de atacar el problema de raíz, el Ejecutivo y su socio parlamentario han aprobado leyes que facilitan la impunidad, como el debilitamiento de la colaboración eficaz o la amnistía reciente, que más parece una invitación a delinquir con tranquilidad.
La minería ilegal, mientras tanto, opera como un Estado paralelo: financia redes criminales, corrompe autoridades y, de paso, mantiene en jaque al propio gobierno. Un gobierno que, lejos de enfrentarlo, se limita a la retórica y a culpar a factores externos. Dina Boluarte y su coalición en el Congreso no solo han mostrado incompetencia: han sido piezas útiles para el colapso institucional, convirtiendo la seguridad ciudadana en un botín más de su gestión política.
Perú no solo vive una crisis de seguridad; vive bajo un régimen que la alimenta. El crimen organizado avanza porque se le permite, porque la impunidad es rentable y porque el poder político está más ocupado en asegurar su continuidad que en proteger a la población. Ante las elecciones, cualquier candidato que pretenda heredar este país deberá presentar algo más que promesas: tendrá que comprometerse a desmontar las leyes que blindan a criminales, reformar el sistema penitenciario y reconstruir una Policía Nacional que hoy sobrevive entre la corrupción interna y la precariedad operativa.
Reflexión final
La soberanía de un país no se mide solo en mapas o fronteras, también se mide en la capacidad de proteger la vida de sus ciudadanos. Si cada 19 minutos un peruano debe enfrentar una extorsión, y el Estado no reacciona, es porque hemos aceptado vivir bajo las reglas de los criminales. Dina Boluarte y su Congreso han demostrado que pueden coexistir con ellos sin el menor sonrojo. La pregunta es: ¿podrá el próximo gobierno coexistir con un pueblo que ya no soporta más esta normalización del miedo?.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra