En un país donde las autoridades de control parecen más preocupadas por cuidar relaciones públicas que por cuidar la salud, el retiro de más de 3 millones de pastas dentales Colgate Total Clean Mint no es un triunfo, sino la radiografía de nuestra precariedad institucional. Mientras Brasil y Argentina detectaron el riesgo y retiraron el producto con rapidez, en el Perú Indecopi y Digemid se enteraron por la prensa, abrieron un ojo, emitieron un comunicado tibio y dejaron que 2,6 millones de tubos ya estuvieran en los hogares y en las bocas de millones de peruanos.
La escena es digna de una tragicomedia nacional. En otros países, la respuesta fue inmediata y preventiva. Aquí, la reacción llegó cuando la noticia cruzó la frontera y el escándalo ya era imposible de ocultar. Ni Indecopi ni Digemid lideraron la acción; fue la propia Colgate la que, por decisión corporativa, optó por retirar el producto. Digemid incluso publicó una lista con 14 pastas dentales que contenían el mismo ingrediente cuestionado, el fluoruro de estaño, pero solo dos salieron del mercado. Las otras 12 siguen disponibles para cualquier cliente desprevenido, porque en el Perú el principio de precaución es un adorno legal y la salud pública es tratada como un tema negociable.
La versión oficial de Colgate, asegurando que todo se debía a un “saborizante”, es casi un chiste de mal gusto. Pretender que la irritación, las llagas y las ampollas que sufrieron usuarios en otros países fueron un capricho del paladar es subestimar la inteligencia del consumidor. El “plan de solución” ofrecido por la empresa, consistente en cambiar la pasta defectuosa por otro producto de la misma marca, es la prueba de que aquí la confianza se construye sobre la resignación.
Un especialista en derechos del consumidor lo resumió con claridad: “Si las autoridades hubiesen actuado cuando aparecieron los primeros reportes, el retiro habría sido preventivo, no reactivo. Pero en el Perú, el sistema espera a que la ola pase para recién sacar el salvavidas”. Lo más grave no es solo la lentitud, sino el mensaje que se envía a la ciudadanía: las empresas deciden cuándo y cómo corregir sus errores, y el Estado se limita a observar y aplaudir desde la tribuna.
Este no es un hecho aislado. Es parte de una larga lista de negligencias donde medicamentos se retiran solo después de provocar tragedias, juguetes con componentes tóxicos permanecen en los estantes meses después de ser detectados y alimentos contaminados se venden hasta agotar stock. La regla es clara: primero se protege la marca y después, si queda tiempo, al consumidor.
El caso Colgate revela un patrón que debería indignar a cualquiera. Las instituciones encargadas de protegernos no lideran las soluciones, las siguen a regañadientes. Cuando finalmente actúan, lo hacen con comunicados tibios que parecen redactados más para evitar roces con las empresas que para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. En este país, el consumidor no compra con confianza; compra con fe. Y esa fe se basa en la esperanza de no llevarse “sorpresas” peligrosas a casa.
Reflexión final
La verdadera fórmula que nunca falla aquí no está en un tubo de pasta, sino en la alianza tácita entre la burocracia inerte y las empresas que miden su respuesta en función del daño mediático y no del riesgo real. Indecopi y Digemid pueden seguir publicando alertas como si fueran boletines de cortesía, pero mientras ellos se lavan las manos, nosotros seguimos lavándonos los dientes con la amarga certeza de que en este país la salud es siempre un asunto de última hora.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra