En la política peruana, las coincidencias no existen. Si Fuerza Popular mantiene el control de las comisiones más estratégicas del Congreso en su último año unicameral, no es por casualidad ni por mérito legislativo: es porque la impunidad necesita administrarse con mano firme. El pacto con Dina Boluarte es tan evidente que ya no requiere firma; basta con mirarlos actuar. El Congreso la blinda, ella les devuelve el favor y todos —menos el país— ganan tiempo. Mientras tanto, las bandas criminales y la minería ilegal hacen su propia repartición territorial, pero con más eficiencia que nuestros políticos.
Constitución, Producción, Agraria y ahora Economía. No son simples comisiones: son las bóvedas donde se guarda la llave de la democracia y la chequera del Estado. Keiko Fujimori, sin tocar un escaño, dirige la orquesta desde redes sociales, anunciando la alineación como si fuera un directorio empresarial. La música es siempre la misma: leyes a medida, reformas que refuerzan el blindaje y privilegios restaurados.
En Constitución, Arturo Alegría toma el relevo con la misión no declarada de garantizar que las reglas del juego favorezcan a los jugadores correctos. Su antecesor, Fernando Rospigliosi, ya dejó el terreno abonado con joyas como la restitución de la inmunidad parlamentaria y la legalización encubierta de las campañas políticas en plena función. No sería raro que este último año se use la comisión como taller de cerrajería política: candados contra investigaciones y llaves para abrir futuras candidaturas.
En Economía, Víctor Flores recibe caramelos envenenados: un nuevo retiro AFP, beneficios tributarios para grandes agroexportadoras y las zonas económicas especiales privadas, esas islas fiscales que en teoría atraen inversión, pero que en la práctica funcionan como parques temáticos de exoneraciones para empresas amigas. Aquí nadie habla de sostenibilidad económica; la prioridad es ganar aplausos cortoplacistas y votos para las elecciones de 2026.
La Comisión Agraria, ahora presidida por Jeny López, seguirá produciendo leyes que se venden como avances para el agro, pero que rara vez llegan al campesino. Lo que sí llega —y rápido— es el beneficio a gremios y corporaciones con acceso directo al Congreso. La Comisión de Producción, bajo Raúl Huamán, mantiene la estrategia de aprobar leyes sectoriales “sin hacer olas”, siempre cuidando que la formalización de pequeñas empresas no interfiera con el status quo de los grandes.
La repartición fuera del fujimorismo sigue la misma receta: APP, Podemos, Perú Libre y otros partidos se reparten comisiones como fichas de casino. Presupuesto, Salud, Vivienda, Defensa, Inteligencia… todo bajo una lógica de parcelas y favores. No se negocia por el bien común, sino por la tajada más rentable. Y en paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sigue funcionando como refrigeradora de denuncias: 41 expedientes “congelados” que podrían prescribir antes de llegar al Pleno. Entre los beneficiados, nada menos que Pedro Castillo, quien podría postular desde su celda en Barbadillo, junto a otros rostros conocidos del manual de antivalores políticos.
Lo que tenemos no es un Congreso: es un consejo administrativo de intereses cruzados que legisla con la calculadora en una mano y el espejo retrovisor en la otra. El objetivo no es reformar el país, sino garantizar que, cuando terminen sus mandatos, nadie toque a sus miembros ni a sus aliados. Es el blindaje como política de Estado, pero al revés: blindaje para ellos, desprotección para todos nosotros.
Reflexión final
En este tablero, el país es apenas una excusa. Dina Boluarte seguirá viajando para ser recibida por dignatarios en Japón o Indonesia, mientras aquí la inseguridad devora ciudades y la minería ilegal depreda ríos. El Congreso, con su mapa de comisiones bien repartidas, seguirá blindando a quien lo blinda. Y nosotros, ciudadanos de a pie, asistimos a este espectáculo sabiendo que el final de temporada —el 28 de julio de 2026— no traerá justicia ni reformas, sino el relevo de un elenco por otro igual de dispuesto a seguir saqueando. Porque en el Perú, cambiar de actores nunca ha cambiado la trama.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra