Denisse Miralles irá al Congreso el 18 de marzo a pedir el voto de confianza. Pedirlo suena democrático; merecerlo es otra historia. Porque este gabinete no llega como una transición responsable, sino como una transacción política: un equipo que carga cuestionamientos legales, nace bajo sospecha de repartija ministerial y pretende que el país aplauda “estabilidad” mientras ve cómo el poder se reparte con regla y calculadora. En el Perú, la confianza se exige como si fuera un derecho adquirido, no una consecuencia de la decencia y la competencia.
Partamos de lo básico: un gabinete que busca confianza debería exhibir solvencia y autoridad moral. Pero a Miralles le toca defender un equipo con al menos seis ministros con investigaciones en trámite. Y aquí aparece el sarcasmo inevitable: en un país que pide seguridad y justicia, el Ejecutivo se presenta con un “equipo” que necesita primero explicar sus propios expedientes. Es como pedir que te dejen cuidar la caja fuerte… mientras sigues aclarando por qué estabas merodeando la bóveda.
La otra capa —la más corrosiva— es la política. Porque esto no huele a “gobierno de transición”, sino a gobierno de reparto. A estas alturas, negar la repartija sería insultar la inteligencia del ciudadano: ministerios como cuotas, carteras como premios, y el Estado como piñata institucional. Y los nombres aparecen solos, como firmas en una servilleta: César Acuña, Vladimir Cerrón y José Luna. Tres marcas distintas, un mismo método: influir, colocar, condicionar. No necesitas estar en Palacio para gobernar si controlas votos, bancadas y la llave de la “gobernabilidad”.
El guion se repite con disciplina: primero se instala el gabinete con aroma de cuota; luego se pide “confianza” como si el Congreso fuera ventanilla de trámite; finalmente se ofrece diálogo con bancadas como si el país fuera una junta de accionistas. El Ejecutivo no llega a plantear un rumbo nacional, llega a sostener un equilibrio interno: que nadie se moleste, que nadie se salga del pacto, que nadie pierda su porción. Y mientras se cuida la repartición, el país queda en piloto automático: inseguridad desbordada, extorsión normalizada, servicios públicos al límite.
Las bancadas, por su parte, anuncian posturas “encontradas”. Traduzcamos: unos amenazan con negar para marcar distancia; otros prometen escuchar para no romper el acuerdo; y varios condicionan su voto como quien negocia contrato. La confianza, entonces, deja de ser evaluación del plan de gobierno y se convierte en una negociación de supervivencia. No es “¿qué harán por el Perú?”, sino “¿qué me toca a mí si los sostengo?”.
El voto de confianza debería ser un acto de control democrático. Pero si termina otorgándose a un gabinete nacido entre investigaciones y cuotas, no será confianza: será certificación de impunidad política. Y una transición así no estabiliza al país; estabiliza a los grupos que se reparten el Estado.
Reflexión final
Si Miralles quiere confianza, que empiece por lo mínimo: transparencia total, ministros incuestionables, compromisos verificables y cero padrinazgos. Y si el Congreso decide darle el voto sin exigir limpieza ni rectificación, que lo diga sin eufemismos: no está blindando una transición, está blindando una repartija. Porque cuando Acuña, Cerrón y Luna aparecen como sombras recurrentes detrás del gabinete, lo que está en juego no es una investidura: es la república misma, usada como botín de cinco meses… con factura para todos. (Foto: Exitosa).