Que siete de los 25 mayores productores de oro del Perú operen bajo el régimen de pequeño productor no es una rareza administrativa: es una alarma institucional. Es, en simple, la evidencia de un Estado que —por diseño, omisión o conveniencia— dejó una puerta abierta para que lo ilícito se vista de legal y cruce fronteras con factura y sello.
Los números no son anecdóticos. En 2025, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, la mitad del oro exportado habría sido de origen ilegal: más de 104 toneladas, prácticamente un “empate técnico” con el oro formal. Y el negocio ilícito no es menor: más de US$ 11,500 millones, la economía ilegal más grande del país, por encima de otras actividades criminales.
El detalle que desnuda el truco es este: un régimen pensado para minería de menor escala está siendo usado por empresas con volúmenes comparables a las del régimen general. Entre las señaladas figuran Minera Paraíso, Compañía Minera Sol de los Andes, Minera Yanaquihua y Analityca Mineral Services (Arequipa); Minera Laytaruma y Minera Sotrami (Ayacucho); y Paltarumi (Barranca). No se trata de perseguir nombres por deporte; se trata de entender el patrón: cuando el control es débil, el incentivo a “encajar” donde no corresponde se vuelve rentable.
Aquí está el corazón del problema: la supervisión de los pequeños productores recae en los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones Regionales de Energía y Minas, y muchas veces sin capacidad técnica, operativa ni presupuestal para fiscalizar territorios extensos, dispersos y capturados por la informalidad.
A eso se suma el gran agujero negro: sin trazabilidad robusta, el oro ilícito puede mezclarse en plantas de procesamiento, pasar por comercializadoras y terminar exportado como si fuera legal. Es el lavado perfecto: no de billetes, sino de mineral.
Y cuando el Estado intenta “formalizar”, fracasa en cámara lenta. El Reinfo —vigente hasta fines de este año— solo habría formalizado al 2% de casi 90 mil inscritos desde 2016. La formalización, así, se vuelve coartada: una lista inmensa para que casi nadie salga del limbo, pero muchos operen.
El país no está ante un problema “técnico” de ventanillas: está ante un sistema de incentivos donde lo ilegal compite de igual a igual con lo formal y, peor aún, puede confundirse con ello. Mientras el oro supera los US$ 4,800 la onza, el Perú no solo pierde recaudación: pierde control territorial, seguridad y Estado.
Reflexión final
Si siete “pequeños” producen como grandes y la mitad del oro exportado sería ilegal, la pregunta ya no es “¿qué está pasando?”. La pregunta es más incómoda: ¿quién se beneficia de que siga pasando? Porque cuando el oro sale limpio en papeles y sucio en origen, el que queda manchado es el país entero. (Foto: Huachos).