En el Perú, la política ya no compite por propuestas: compite por récords de descaro. Esta semana, Fuerza Popular —otra vez— nos regala una postal perfecta de esa decadencia: Jessica Navas Sánchez, cabeza de lista a la Cámara de Diputados por Ucayali, fue declarada reo contumaz y el Poder Judicial ordenó su ubicación y captura por no presentarse al inicio de su juicio oral por presunta malversación de fondos. En cualquier democracia con estándares, eso bastaría para una decisión inmediata del partido: retiro, deslinde y explicaciones. Aquí, en cambio, lo “extraordinario” se vuelve parte del menú.
El caso no es un malentendido menor. La Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión, 1 año y 8 meses de inhabilitación y una reparación civil de S/ 760,477. La acusación se relaciona con el presunto desvío de recursos del proyecto “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”, un presupuesto de S/ 4,353,599 que, según el convenio, debía destinarse a fines específicos. La tesis fiscal señala que se habrían autorizado compras ajenas al objeto del proyecto: un bus turístico de dos niveles (S/ 399 mil), una camioneta 4×4 (S/ 131,027) y cuatro motos (S/ 30,440). No estamos ante una discusión filosófica: estamos ante plata pública con ruta concreta.
Pero el golpe político no está solo en la imputación. Está en el gesto: no presentarse al juicio. Eso no es “estrategia”; eso es desprecio por el sistema que pretende representar. Y que, aun así, figure como número uno en una lista no habla de “errores humanos”: habla de un criterio de selección que parece diseñado para premiar la impunidad o, como mínimo, para convivir con ella.
Lo más grave es que esto no ocurre en el vacío. Ya se ha denunciado que las listas de Fuerza Popular incluyen numerosos postulantes con antecedentes, sentencias firmes o investigaciones. En ese contexto, el caso Navas Sánchez no parece excepción: parece patrón. Y el patrón es letal para la democracia: partidos que exigen “mano dura” al ciudadano, pero toleran “mano blanda” para sus propios candidatos.
Porque aquí se juega algo más profundo: la normalización de que el Congreso sea un refugio, no una responsabilidad. Un lugar donde el escaño se convierte en chaleco, y la representación en inmunidad. Eso no solo es indignante: es una invitación abierta a que el poder siga siendo capturado por quienes creen que las reglas aplican solo a los demás.
Una candidata con orden de captura judicial no es un detalle electoral: es una alarma institucional. Si Fuerza Popular no toma medidas inmediatas y claras, estará validando la idea de que la política puede seguir funcionando como un sistema de blindajes.
Reflexión final
La pregunta no es si el partido “sabía” o “no sabía”. La pregunta es por qué el país sigue aceptando que se juegue con el voto como si fuera una broma. Porque cuando una lista se arma así, lo que se elige no es representación: se elige riesgo. Y el Perú —con crisis de seguridad, corrupción e impunidad— ya no está para escoger más vergüenzas con cédula. (Foto: Caretas).