Una trabajadora de un camal municipal en Ica activó la vigilancia epidemiológica por sospecha de carbunco (ántrax), con aislamiento, toma de muestras y evaluación del Instituto Nacional de Salud. Luego se informó que el INS descartó el caso, y que se desplegaron acciones sanitarias e inspecciones. El problema, sin embargo, no se descarta con un resultado. Porque lo que queda en evidencia es otra cosa: el país sigue dependiendo de “protocolos de emergencia” para cubrir brechas que debieron cerrarse con prevención sostenida.
Esta editorial sostiene que el verdadero escándalo no es la palabra “ántrax”, sino la fragilidad de la cadena sanitaria que permite que una sospecha se convierta en alarma pública. La salud pública no se defiende solo con aislamiento hospitalario; se defiende antes, en el control del ganado, en la bioseguridad de mataderos, en la trazabilidad de productos y en la fiscalización que no puede ser intermitente.
El carbunco no es una enfermedad “de película”. Es una zoonosis conocida, causada por Bacillus anthracis, con formas cutánea, gastrointestinal e inhalatoria; y con riesgo ocupacional para quienes manipulan animales o productos de origen animal en condiciones inseguras. La norma técnica nacional detalla precisamente ese enfoque: diagnóstico oportuno, notificación, control de brote, manejo de exposición y medidas de prevención.
Además, el antecedente existe. Un estudio epidemiológico en Perú registró entre 2015 y 2019 24 casos confirmados y 47 probables de ántrax humano, en brotes focalizados y con predominio de la forma cutánea. No se trata, entonces, de “algo imposible”: se trata de un riesgo que reaparece donde el control se debilita.
Aquí entra la incomodidad: cuando una alerta surge en un camal municipal, el país recuerda —de golpe— que la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria no se garantizan con carteles, sino con supervisión real. Porque la transmisión se favorece cuando hay contacto con animales sospechosos, manejo inadecuado de carne o subproductos, o muerte súbita de animales sin protocolos claros. Y en el terreno, donde conviven formalidad, informalidad y debilidad fiscalizadora, ese riesgo se multiplica.
La respuesta institucional —cierre preventivo, evaluación de bioseguridad, vigilancia y coordinación sanitaria— es lo correcto. Pero una respuesta correcta no compensa una prevención insuficiente. La prevención tiene nombres concretos: vacunación animal en zonas de riesgo, control sanitario permanente y trazabilidad. En estas horas, SENASA anunció refuerzo de vacunación y acciones sanitarias en Ica, proyectando supervisar vacunación de cientos de miles de animales en 2026. Eso debería ser norma, no noticia.
Que el caso haya sido descartado no elimina el problema; lo ilumina. El Perú no puede seguir reaccionando como si cada alerta fuera una sorpresa. En un país donde la capacidad de fiscalización es desigual y la informalidad puede colarse en la cadena alimentaria, una zoonosis no es solo un tema médico: es un test de Estado.
Reflexión final
Hoy fue una sospecha que terminó descartándose. Mañana puede no serlo. La pregunta de fondo es simple y dura: ¿seguiremos esperando la alarma para actuar, o convertiremos la prevención —vacunación animal, bioseguridad, trazabilidad y control— en política sostenida? Porque la salud pública no se improvisa: se administra con rigor. Y cuando el rigor llega tarde, la alerta siempre llega primero. (Foto: La Lupa).