José Balcázar no puede alegar sorpresa frente a la violencia. Puede, en todo caso, intentar administrarla con frases, estados de emergencia y reflejos tardÃos. Pero los números no conceden tregua: hasta el 23 de marzo, en su gobierno ya se habÃan registrado 202 homicidios en el paÃs, con un promedio de 6,3 asesinatos por dÃa, según el Sinadef citado por La República. No se trata de una cifra abstracta. Es la radiografÃa de un paÃs donde la muerte avanza más rápido que la autoridad y donde el Estado parece llegar siempre después del disparo.
Lo más inquietante es que esta violencia no está dispersa al azar. El quinto Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que la inseguridad sigue en niveles crÃticos y que el sicariato y la extorsión se han expandido territorialmente. Solo en 8 de las 26 regiones del paÃs se concentraron 1.532 de los 1.826 homicidios documentados en 2025, es decir, el 84% del total. La concentración también es feroz en provincias y distritos especÃficos, lo que demuestra que el problema tiene mapa, patrón y lógica criminal. El Estado, por tanto, no enfrenta una niebla indescifrable: enfrenta un fenómeno identificado que sigue sin controlar.
Y mientras el crimen organiza mejor su presencia territorial que el propio aparato público, la respuesta oficial sigue atrapada en el repertorio más agotado de la polÃtica peruana: anuncios, patrullajes, estados de emergencia y promesas de firmeza. Ricardo Valdés, citado en el informe, lo resume sin maquillaje: esas medidas carecen de sentido si no están acompañadas por un plan operativo claro, con información sólida y objetivos definidos. Es decir, no se combate una estructura criminal con improvisación ceremonial ni con conferencias que duran más que la estrategia.
La dimensión de la tragedia se vuelve todavÃa más obscena al mirar el transporte. En 2025 fueron asesinados 239 transportistas en el paÃs, entre mototaxistas, taxistas y choferes de transporte público, muchos de ellos atrapados por redes de extorsión. Y pese a que el delito se expande, la capacidad del sistema para castigar sigue siendo escandalosamente insuficiente: entre diciembre de 2024 y enero de 2026, la cantidad de presos por extorsión pasó de 1.186 a 1.461, un aumento de apenas 275 internos en plena crisis nacional. El crimen escala como industria; el castigo avanza como trámite.
Los 202 homicidios en tiempos de Balcázar no son solo un mal arranque. Son una acusación polÃtica. Acusan a un gobierno que, hasta ahora, no demuestra conducción proporcional a la gravedad del momento.
Reflexión final
Un gobierno no se define solo por lo que promete, sino por lo que tolera. Y si en pocas semanas el paÃs ya suma 202 asesinatos mientras la extorsión se territorializa y el sicariato trabaja con notable puntualidad, entonces la pregunta ya no es si existe una crisis de seguridad. La pregunta es cuánto más piensa resistir el poder mirando cómo el crimen organiza la calle mientras el Estado apenas organiza su excusa. (Foto: LR).