El último debate presidencial volvió a confirmar una de las heridas más sensibles del Perú: la educación dejó de discutirse solo como derecho y volvió a aparecer, crudamente, como campo de disputa entre intereses privados, financiamiento público y responsabilidad política. Allí Wolfgang Grozo lanzó una frase que resumió el malestar de muchos: “Han hecho de la educación un sucio negocio”, en clara alusión a César Acuña y al modelo universitario vinculado a su trayectoria política y empresarial. Más allá del tono, la acusación tocó un nervio real del país: la sospecha de que durante años la educación superior fue tratada menos como misión pública y más como mercado rentable.
Ese señalamiento no cayó del cielo ni puede leerse como simple golpe de campaña. El debate sobre Beca 18, el rol de las universidades privadas y la relación entre Estado y educación superior lleva tiempo instalado en la agenda peruana. En esta jornada, además de Grozo, Antonio Ortiz cuestionó el volumen de recursos públicos que terminarían beneficiando a universidades privadas, mencionando de forma expresa a la universidad asociada a Acuña. La crítica de fondo fue clara: cuando el dinero público entra sin suficiente debate sobre calidad, transparencia y propósito, el riesgo es que el Estado termine financiando no solo oportunidades, sino también estructuras de poder académico-empresarial demasiado cercanas a la política.
Grozo, sin embargo, no se quedó en la denuncia. Presentó un paquete de propuestas que incluyó duplicar el presupuesto de Beca 18, impulsar “Becas por Impuestos”, financiar becas para maestros con apoyo internacional, elevar salarios docentes y construir dos data centers para sostener la infraestructura digital educativa. En el papel, el paquete busca combinar acceso, conectividad y modernización. El problema, otra vez, es el de siempre en la política peruana: anunciar no es ejecutar. El país ya conoce demasiado bien esa costumbre de ofrecer transformaciones monumentales sin explicar con precisión costos, plazos, capacidades estatales y mecanismos de control.
Y allí está la cuestión más de fondo. La educación peruana no necesita solo más presupuesto ni más conectividad; necesita limpieza institucional, regulación seria, meritocracia docente, infraestructura digna y una frontera nítida entre política, negocio y formación. Porque cuando la universidad se vuelve plataforma de poder, cuando la beca pública alimenta sospechas y cuando el debate educativo termina orbitando alrededor de intereses particulares, el daño no es abstracto: lo pagan miles de jóvenes que buscan estudiar para salir adelante y no para convertirse en clientes cautivos de un sistema deformado.
Lo más inquietante es que el episodio revela una verdad incómoda: en el Perú, hablar de educación ya no basta. Hay que preguntarse quién la administra, quién gana con ella, quién la regula y para qué se la usa. Si esa conversación no se da con honestidad, el país seguirá repitiendo una tragedia conocida: discursos grandilocuentes sobre el futuro mientras la formación de millones se decide entre improvisación, cálculo electoral y rentabilidad privada.
La frase de Grozo contra Acuña fue dura porque apuntó a una sospecha instalada en la memoria pública: que una parte del sistema educativo peruano fue capturada por lógicas de negocio y poder. Y cuando esa sospecha entra al debate presidencial, el país no debería mirar hacia otro lado.
Reflexión final
La educación no puede seguir siendo terreno de acumulación política ni vitrina empresarial con fondos públicos alrededor. Si el Perú quiere tomarse en serio su futuro, tendrá que empezar por una verdad elemental: formar ciudadanos no puede ser nunca un subproducto del negocio.(Foto: infobae).